El librito llamado Constitución

domingo, 03 de diciembre de 2017 · 00:50

Tú y yo sabemos que antes de la Constitución, un hombre llamado rey gobernaba sin límite alguno a toda una comunidad política. Si a él le daba la gana de mandar a la horca a cualquier persona y sin motivo, lo hacía sin consecuencia jurídica alguna.

Corrió mucha sangre para que haya una Constitución, primero como Ley Fundamental por encima del rey, luego como la expresión de la correlación de fuerzas sociales y políticas de una sociedad, después como norma jurídica de aplicación obligatoria y directa y finalmente como límite al poder.

La historia señala que los hebreos fueron los primeros en concebir una Constitución como norma suprema ubicada por encima de gobernantes y gobernados, la cual a su vez actuaba como muro de contención de los posibles abusos de aquellos.

El constitucionalismo, como movimiento ideológico y político, surgió vinculado a los procesos revolucionarios liberales y se materializó en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de Constitución”.

Los independentistas de El Alto Perú se basaron en ese artículo para redactar el decreto del 13 de agosto de 1825 y dar nacimiento al territorio que posteriormente se llamó Bolivia.

Un año después, el 19 de noviembre de 1826, el nuevo Estado aprobó su Constitución con artículos llamativos, entre ellos, el 2, que  señalaba: “Bolivia es, y será para siempre, independiente de toda dominación estranjera; y no puede ser patrimonio de ninguna persona, ni familia” (sic).

En su artículo 11 declaraba libres, en el acto de publicarse la Constitución, a “todos los que hasta el día han sido esclavos”.

En su artículo 77 establecía: “El ejercicio del poder Ejecutivo reside en un Presidente vitalicio, un vicepresidente y tres ministros de Estado”.

Nunca se respetó ni se aplicó este último artículo que iba a contracorriente de la historia. Las fuerzas patriotas habían luchado durante 15 años, en una cruenta guerra, para independizarse de un gobernante vitalicio (el rey), y era inconcebible que después de haberlo logrado caigan en la misma fosa, nomás que el gobernante ya no se llamaba rey, sino “presidente vitalicio”.

Entre 1826 y 2009 hubo 17 reformas de la Constitución, pero ningún gobernante había pretendido desenterrar la figura de la presidencia vitalicia para eternizarse en el poder como dictador. Tampoco ningún gobernante la había reformado desoyendo al pueblo.

Meno hubo caudillo alguno que haya obligado a los miembros de otro poder del Estado a “inaplicar” artículos constitucionales sólo por ambiciones personales.

Lo que sucede estos días es inédito y un peligroso retroceso de la institucionalidad forjada por los bolivianos en 35 años de democracia continúa.

El TCP tiró al basurero el principio del imperio de la ley, como expresión de la voluntad general, y estableció que la decisión del pueblo, expresada a través del voto, está por debajo de las ambiciones del dictador.

La división de poderes, si bien ya estaba débil, terminó por ser una entelequia; el fallo consolidó un solo poder con nombre y apellido.

El principio de legalidad de los actos de los poderes públicos ya no existe porque el control de constitucionalidad no frenó la ambición de poder del nuevo monarca, quien hoy se regodea exento de control judicial, extrajudicial, parlamentario o social.

Macario Lahor Cortez Chávez, Juan Osvaldo Valencia Alvarado, Zenón Hugo Bacarreza Morales, Mirtha Camacho Quiroga, Neldy Virginia Andrade Martínez y Rudy José Flores Monterrey anularon el voto del pueblo para convertir al Presidente en dictador, poniéndolo por encima de la Constitución y “dotándole” de ilimitado poder como para mandar a la cárcel (ya no a la horca) a cualquier ciudadano, sin consecuencia jurídica alguna.

El librito llamado Constitución servía para evitar todo este desastre, ahora es un simple papel.

 Andrés Gómez Vela es periodista.

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