Columna vertebral

Empresariado condenado a la anemia

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domingo, 29 de abril de 2018 · 00:10

Uno de nuestros viejos debates increíblemente no resuelto y que ha transitado por los vaivenes del péndulo ideológico es el referido al rol de la iniciativa privada y al papel de ésta en el desarrollo, crecimiento y productividad del país.

La fuerte carga política que la cuestión conlleva se ha traducido en la batalla campal e histórica entre librecambio versus proteccionismo, liberalismo versus estatismo y capitalismo versus socialismo. Proceso cíclico y contradictorio. Lo que se ha hecho habitualmente es la apuesta al “todo o nada”, cuya consecuencia ha sido el paso del capitalismo de Estado más secante a las posiciones más rabiosamente liberales y a la inversa, o en el mejor de los casos a un tímido eclecticismo.
 

La raíz del problema está en nuestro prejuicio muy característico de que la propiedad privada es un robo y que el único objetivo de los empresarios es esquilmar a los trabajadores, y engañar al Estado.

Irónicamente, en los días que corren, una parte significativa de nuestra presión tributaria tiene que ver con los aportes de las grandes transnacionales energéticas o mineras que operan en Bolivia y los otros llamados “grandes contribuyentes” del sector privado nacional.

No se puede cerrar los ojos ante una realidad obvia. La productividad y la generación de empleo son tareas que puede y debe realizar de manera relevante en el país la empresa privada boliviana a las que se les debe dar incentivos y contribuir a abrir mercados y nichos competitivos. 

El término “boliviana” es relevante porque en general los diferentes gobiernos del país, de uno y otro signo ideológico, hemos tendido a pensar más en la empresa privada extranjera que en la nacional. El argumento de que nuestro empresariado tiene una espalda muy pequeña ha servido como excusa para –en tiempos del liberalismo– dar opciones y facilidades a grandes transnacionales, o para –en tiempos de estatismo– razonar que las cargas salariales y sociales sobre las empresas pueden ser absorbidas por la cómoda relación entre sus inversiones y sus ganancias, criterios aplicables quizás a gigantes internacionales que operan en el país, pero en absoluto al sector productivo nacional.

La política salarial del Gobierno no puede hacer caso omiso de la realidad del sector productivo de nuestro empresariado que tiene el discutible rango de: “grandes” empresas, empresas medianas y pymes (pequeñas y microempresas). Menos todavía si es un hecho incuestionable que alrededor del 70% de nuestra economía se mueve en la informalidad. 

12 años después de un mismo modelo puede entenderse una posición estatal de defensa de la calidad y seguridad del empleo, y de su reconocimiento salarial, pero esa lógica es una ficción si de hecho la generación de empleo no va de la mano de la oferta de trabajo que el país genera cada año, tanto en calidad como en calidad, que el mercado (estatal y privado) no puede absorber y si –esto es lo más grave– no hay una lógica de incentivos reales para conseguir dos objetivos: reducir la informalidad y garantizar condiciones amigables para emprendimientos privados productivos.

Si se hace un análisis de la evolución de la mediana y pequeña empresa nacionales, se puede concluir que no hay una relación entre la expansión de la economía en los últimos 12 años y el crecimiento del empresariado privado productivo local. 

Una lectura imprescindible tiene que ver con las expectativas. Esto es, en un proceso de crecimiento económico sostenido que supera el 4,5% anual por más de una década, ¿cuánto se ha expandido la generación de empleo en el sector privado productivo? A esa pregunta hay que añadirle varias otras. ¿Han tenido las pequeñas y medianas empresas privadas incentivos reales para iniciar inversiones que permitan un incremento del empleo digno y seguro? ¿Hay alguna razón objetiva para que un empresario informal se vuelva formal? 

¿La política económica con relación al contrabando ha combinado medidas proactivas con las represivas? ¿Se han atacado sus causas o simplemente sus efectos? ¿Las cargas impositivas y las cargas sociales son sostenibles o, por el contrario, representan el ítem más alto del costo operativo empresarial? ¿Tiene sentido seguir exprimiendo a los contribuyentes que representan menos de un tercio total de la torta de las actividades económicas del país?

Si estos desafíos no son resueltos, las decisiones vinculadas a los aumentos del salario y del mínimo nacional y,  peor, la amenaza de crear empresas sociales alternativas, fuera de cualquier contexto integral que considera al empresariado productivo local como una pieza prescindible, conduce a dos resultados: la anemia de nuestro empresariado productivo nacional y la dependencia crónica de un Estado burocrático y de transnacionales, en las que se apoya buena parte de nuestra fiscalidad y de las inversiones privadas importantes.
  
Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia. 

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