Columna vertebral

Incahuasi: regalías y nuevo pacto fiscal

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domingo, 20 de mayo de 2018 · 00:05

Incahuasi nos ha dado una señal, la de un país dividido en parcelas sobre la hipótesis de derechos y propiedades absolutas que enfrentan a compatriotas como si de naciones extranjeras se tratase. La prueba del dramatismo de esta visión patrimonial de los recursos la ha dado la investigación y análisis técnicos que concluyeron reiteradamente que las reservas del citado campo están en su integridad en Santa Cruz. Chuquisaca, el departamento que “perdió”, no se resigna e insiste en cuestionar tales trabajos técnicos independientes.

 El origen del concepto de las regalías tiene que ver con la visión del presidente Germán Busch, quien, en 1938, estableció que un porcentaje del dinero que generaba cada barril de petróleo (que terminó consolidado en el 11%) beneficiaría al departamento en el que se encontraban los pozos de extracción de crudo (o para el caso actual los campos gasíferos). 

 La lógica de entonces se basaba en un criterio sabio. En un país en el que el centralismo de occidente y de la región minera andina controlaba, y se beneficiaba desmesuradamente de los ingresos nacionales, era imprescindible iniciar una política solidaria y compensatoria con las regiones olvidadas. 

 Santa Cruz fue el primer departamento potencialmente beneficiado con tales ingresos, al que se sumaron Beni y el recién creado departamento de Pando, a los que se asignó el 1% de los recursos generados por cada barril.   Entre 1938 y 1956 los ingresos por el petróleo fueron muy exiguos por el modesto nivel de producción. La situación cambió con el llamado Código Davenport, aprobado en los gobiernos del MNR. Su contenido liberal y abierto a la inversión dio lugar a la llegada de varias empresas, entre ellas la Gulf, que desarrolló los primeros campos gasíferos que permitieron el contrato de venta de gas a Argentina (iniciada en 1972, después de la nacionalización).

 Esa nueva realidad llevó a los movimientos cívicos cruceños a forzar al primer gobierno de Hernán Siles a cumplir lo establecido por Busch. Las regalías representaron una gran contribución al gigantesco salto que dio Santa Cruz a partir de los años 70 del siglo pasado.

 La filosofía original de las regalías buscó equilibrios que favorecieran a quienes más necesitaban y a quienes el Estado, por diferentes razones, no atendía adecuadamente. Pero la realidad de hoy ha cambiado. El poderoso occidente andino del pasado atraviesa una momento complejo tras una larga depresión económica y una devastadora emigración. 

 En tanto, las regalías han generado una brecha cada vez mayor entre regiones productoras y no productoras. Tarija, por ejemplo, se ha beneficiado y ha sufrido a la vez de la enfermedad del empacho de ingresos, producto de una gestión ineficiente y dispendiosa, con un saldo penoso que hoy trata de ser resuelto. 

 Para Chuquisaca las regalías son cuestión vital, porque su situación económica no da para el optimismo y sus indicadores sociales en algunas partes de su geografía están entre los peores del país. Para decirlo claramente, las regalías por hidrocarburos hace mucho que no cumplen los objetivos que dieron lugar a su creación. 

 El IDH repite el modelo, lo que no hace otra cosa que mantener el abismo de ingresos entre unas regiones y otras. Abismo que por sus dimensiones el Estado central no puede compensar, peor aún en un contexto en el que las susceptibilidades de unos y otros están a flor de piel.

 La lección a aprender tiene que ver con la necesidad urgente de un nuevo pacto fiscal. Un pacto que esté basado en la aplicación real de las autonomías, pero en el que, tanto el poder central como el regional y el local, estén dispuestos a aceptar un principio imperativo: el de que todos estamos obligados a velar por el bienestar del conjunto de los bolivianos y no sólo, y exclusivamente por quienes viven bajo nuestro tejado. 

 Un pacto fiscal en el que, como ocurrió en la Participación Popular, el factor demográfico sea un indicador fundamental, al que se le deben sumar otros como los índices de pobreza y los de migración, además de las reales potencialidades económicas, más allá de los tres motores productivos y de renta: hidrocarburos, minerales y agroindustria.

 El pacto fiscal no puede esperar más y, hay que decirlo, se logrará sólo si los gobernantes están dispuestos al juego limpio, pero, sobre todo, a entender las obligaciones éticas de la solidaridad. En ese contexto, es bueno no olvidar que, como en todo, Bolivia vivió, vive y vivirá ciclos económicos productivos disímiles. Un día fue la montaña de plata más rica del mundo, al otro los campos de gas.

  Para romper ese circuito que nos condiciona tan férreamente, se requiere una inversión adecuada que mejore nuestro circuito de productividad y lo diversifique. De lo contrario, el drama de Incahuasi será una regla no una excepción.

Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia.

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