Los problemas de los paceños

lunes, 16 de noviembre de 2015 · 00:00
La seguridad ciudadana es, por tercer año consecutivo, la principal preocupación de los habitantes de La Paz. Los resultados de la V Encuesta de Percepción Ciudadana sobre la Calidad de Vida -que anualmente realiza el Observatorio La Paz Cómo Vamos- revelan que, en este campo, poco se ha avanzado a pesar de los múltiples esfuerzos que han realizado los gobiernos central y local. El delito y la imposibilidad de la Policía y del sistema judicial de brindar protección y garantizar justicia, constituyen, a juicio de los ciudadanos, el principal problema de la ciudad y un factor que incide negativamente en la calidad de vida.
También preocupan, pero en una escala inferior, la convulsión social, el aseo urbano, el consumo de bebidas alcohólicas y el alumbrado público. Quizá, en una conceptualización ampliada de lo que es la seguridad ciudadana, se podría incluir a la convulsión social, el consumo de bebidas alcohólicas y el alumbrado público en la esfera de la misma. Sin embargo, para efectos de esta encuesta, se la entiende como el conjunto de acciones ajustadas al estado de derecho encaminadas a garantizar la seguridad y los bienes de los habitantes de una determinada zona geográfica o país.
En este marco, el estudio da lugar a algunas reflexiones.  La primera es que la proliferación del delito en la ciudad es real y no una falsa percepción  generada por los medios de comunicación, tal como pretenden hacer ver ciertos especialistas. Un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) señala que a diario,  en La Paz, El Alto y Santa Cruz,  se cometen 91 delitos. De los mismos, 40 se registran en La Paz,  22 en El Alto y 29 en Santa Cruz. Es decir,  que La Paz se ha convertido en la ciudad más violenta del país. Sin embargo, para algunos especialistas, las estadísticas citadas muestran, más bien, que la seguridad ciudadana no es problema. Esto porque, según datos oficiales,  en el país se registran 12 homicidios por cada 100 mil personas, cifra muy inferior a la media latinoamericana de 27.
La segunda es que el Estado ha percibido la magnitud del problema y por ello   realiza una serie de actividades y hasta ha promulgado la  Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que, entre otras cosas,  dispone que las Entidades Territoriales Autónomas destinen recursos del IDH a la seguridad ciudadana. En este marco, en 2014, alrededor de 700 millones de bolivianos se presupuestaron para el mejoramiento del equipamiento y la infraestructura de la Policía Boliviana. Además de ello, cada año se realiza la Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana con la participación de alcaldes, gobernadores y el Ministro de Gobierno.
En consecuencia,  si la Policía es tan eficaz como se dice, existe voluntad política y recursos económicos, ¿qué es lo que falla?, ¿por qué el crimen avanza y la gente se siente atemorizada?
Parece ser que las medidas que se han tomado son insuficientes. En primer término porque no responden a una política estatal integral y son aisladas de una problemática mayor. El hecho de que en los últimos años decenas de policías hayan pasado a la justicia ordinaria por involucrarse en delitos es una señal de que la Policía, tal y como se encuentra actualmente, ha dejado de ser una institución confiable. Pero si la Policía tiene en sus filas a algunos delincuentes –recordemos el video que revela cómo desde una patrulla policial se atracaba a transeúntes en una vía pública de La Paz–,  los tribunales de justicia y el Ministerio Público tienen a extorsionadores y funcionarios incompetentes, funcionales a intereses extraños a la justicia.
Los resultados de una lucha contra la delincuencia serán vanos si no se corrigen los problemas estructurales que existen al interior de esas instituciones, y esto pasa no sólo por mejoras salariales y el imperio de la meritocracia, sino también por un impulso decidido a la despolitización de esas entidades. Ésta es la verdadera voluntad política. Invertir en el mejoramiento de las capacidades del funcionario público otorgándole, no sólo mejores condiciones salariales y educativas, sino respeto y dignidad.