Editorial

Acoso, la violencia encubierta

sábado, 11 de marzo de 2017 · 12:00:00 a.m.
No es una exageración decir que la mayoría de las mujeres sufren alguna forma de acoso en el colegio, en el trabajo y otros ambientes sociales; es una de las consecuencias indeseadas del machismo prevaleciente en nuestra sociedad, que se manifiesta a través de esa forma de ejercicio de poder y falta de respeto por la mujer.

 Siendo el acoso en sus varias formas tan ligado a los valores del machismo, es probable que aquel sólo desaparezca con éste; cuando los valores que rigen nuestra convivencia hayan relegado a una minoría irrelevante la creencia de que la mujer es un objeto del que el hombre puede aprovechar.

 Hasta que ese día llegue, la sociedad proporciona a la mujer la protección de la ley. En nuestro país, la ley que da esa protección es la Ley 348, promulgada por este gobierno en un intento de perfeccionar, modernizar y ampliar las disposiciones anteriores en lo referente a  la protección de la mujer contra la violencia de género y machista, entre ella      s el acoso en sus diferentes formas (laboral y  sexual).

 Una de las dificultades en la comprensión y aplicación de dicha norma es que algunos de los comportamientos que la ley caracteriza como delitos penados o como faltas graves son considerados en un esquema de comportamiento machista como actos tradicionales de seducción; por increíble que parezca a  quienes no compartimos esa visión.

 Uno de los aspectos positivos de la norma es que si es bien aplicada, proporciona a la mujer y a todos aquellos interesados en asegurar su protección los medios legales necesarios para lograr ese objetivo. 

Sin embargo, el desconocimiento de los aspectos prácticos de esa aplicación, que no todos se acomodan a la intuición o a las buenas intenciones, pueden en determinadas circunstancias causar consecuencias indeseadas en las personas llamadas a aplicarla, más concretamente jefes o supervisores en el ambiente de trabajo. 

Por una mala aplicación de la ley puede un supervisor que actúa de acuerdo a su intuición  descubrirse habiendo cometido un delito.

 Este puede haber sido el caso de las denuncias presentadas por dos trabajadoras del canal estatal BTV a dos ministras de Comunicación en diferentes ocasiones y acusando  a un mismo funcionario, a la postre, el recientemente posesionado gerente general del canal del Estado.

 Las denuncias no son menores y las víctimas señalan con total claridad el acoso que habrían sufrido; sin embargo, por cómo al parecer se sucedieron los hechos, incluso las propias agredidas no recurrieron a las instancias legales correspondientes en un primer momento y se limitaron a hacer referencias verbales al acoso que venían presuntamente sufriendo desde hacía tiempo en su fuente laboral.

 De parte de las autoridades que recibieron las denuncias, las titulares de la cartera de Comunicación del Estado, ambas conocían la norma, pero descuidaron aspectos básicos de celeridad para derivar los casos a las instancias judiciales y garantizar un debido proceso a las presuntas víctimas, así como investigar a profundidad el accionar del acusado (quien inclusive fue promovido de cargo).

Las organizaciones de mujeres han manifestado su preocupación con este incidente que pone en evidencia los abusos que sufren muchas mujeres en los ámbitos laborales de parte de sus colegas o superiores, y anunciaron que solicitarán un informe sobre las medidas que se asumirán en las entidades involucradas en las denuncias.

Entre las diversas lecciones que surgen de este caso, está la necesidad de que las instituciones o empresas, y quienes las dirigen, se apropien de las normas que protegen a la mujer ante las diferentes formas de violencia y acudan oportunamente a una orientación profesional cuando reciban este tipo de denuncias, de forma que puedan implementar procedimientos bien establecidos y garantizar la protección de los derechos de las víctimas.

 Sólo de esa forma, los servidores públicos estarán actuando en concordancia con la norma que ellos mismos impulsaron.