Editorial

En camino a la elección judicial

viernes, 21 de abril de 2017 · 12:00:00 a.m.
    Las elecciones judiciales, previstas para octubre de este año, prometen ser espacio de un largo y difícil debate en el que, es de esperar, se recuperen las lecciones aprendidas, se enmienden errores y se garantice un mejor proceso y resultado.

La anterior elección judicial (la primera en la historia del país) se realizó en 2011. 56 autoridades judiciales fueron elegidas por el voto de más de cuatro millones de bolivianos, la mayoría de los cuales sabían poco o casi nada de los candidatos por los cuales debían votar.

En un proceso que estuvo marcado por la escasa información sobre los candidatos; el rechazo a una selección por méritos y la elección de candidatos por presiones y cuoteos de sectores sociales, la gestión de las primeras autoridades judiciales elegidas democráticamente estaba condenada al fracaso.

Así fue: el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia fueron conducidos en estos años por las autoridades elegidas en medio de constantes crisis de poder y denuncias de corrupción -sin mencionar actos de ineficiencia- que llevaron a que el propio Presidente asuma el fracaso del proceso.

Uno de los aspectos que fueron señalados como causales de esta debacle fue  la presión de organizaciones sociales afines al MAS en la selección de los candidatos. A tal punto   resulta conflictivo que uno de los impulsores y conductores de esta nueva elección, el exprocurador del Estado y actual ministro de Justicia, Héctor Arce, sostuvo recientemente que "ojalá (las organizaciones sociales)  no tengan ningún rol  y que la elección se dé únicamente en mérito a la capacidad profesional”.

En efecto, Arce como otros especialistas en el propio MAS ven como indispensable que la selección de autoridades se dé sobre la  base estrictamente de los méritos (académicos, profesionales y éticos), lo que no será posible si se insiste en el cuoteo, el amiguismo y la presión.

Por ello, preocupa que la bancada del MAS en el Legislativo no sintonice con este fundamental requisito y plantee que las organizaciones sociales, en su condición de control social,  participen y supervisen el proceso de postulación, preselección y selección de candidatos a cargos en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional Plurinacional.

 Según Víctor Borda, presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, las organizaciones sociales son "el pueblo organizado” y   "participarán de manera activa del proceso de selección” de candidatos a cargos judiciales.   Esto significa que los sectores sociales podrán impugnar las candidaturas, cuando éstas no cumplan con  los requisitos de la convocatoria, pero también podrían imponer candidatos de acuerdo a afinidades no necesariamente exigidas en la misma.

La oposición ha planteado varias veces que  la preselección de candidatos esté a  cargo de un grupo de profesionales notables o un consejo académico de calificación y evaluación meritocrática que evalúe y haga seguimiento a la preselección; sin embargo, la iniciativa no ha tenido eco. También se ha propuesto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participe como observadora durante el proceso de preselección de postulantes, y la Iglesia Católica se ha pronunciado a través de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) para que las elecciones judiciales no sean manipuladas políticamente.

Dado el estado calamitoso de la justicia, sobre el que moros y cristianos coinciden, el proceso de elección de nuevas autoridades es determinante para el país. Volviendo a Arce: "las mejores leyes en manos de malos jueces no sirven de nada”, es decir, necesitamos constituir al mejor grupo de administradores de justicia, un conjunto de autoridades que consigan devolver a la justicia la credibilidad y legitimidad que ha perdido. No hay lugar para un nuevo fracaso y en este orden es importante que se escuchen todas las voces y sugerencias y se impulse un proceso independiente de los intereses políticos coyunturales. Ojalá esta sea la premisa.