editorial

Acusación contra expresidentes

miércoles, 30 de agosto de 2017 · 12:00:00 a.m.
Ha surgido la información de que el oficialismo prepara acusaciones penales contra cinco expresidentes de Bolivia, incluidos Víctor Paz Estenssoro y Hugo Banzer, ya fallecidos.

No es sorpresa, por supuesto, que la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, creada por el Gobierno y conformada por una mayoría de legisladores del MAS, haya llegado a la conclusión de que todos los exmandatarios  vivos, con la sola excepción de Eduardo Rodríguez Veltzé, deben ser investigados.

La "aplicada” comisión resolvió que, además de Paz Estenssoro y Banzer, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, Jorge Quiroga y Carlos Mesa han cometido delitos, como daño económico al Estado, incumplimiento de deberes y otros delitos al haber autorizado acciones relacionadas a la privatización de empresas estatales.

El diario gubernamental Cambio informó que la comisión presentará un petitorio de acusación para que el Ministerio Público inicie la acusación formal contra los exmandatarios.

La intención política del oficialismo es inocultable. Todos los expresidente (excepto nuestro representante ante la Corte Internacional de Justicia, Eduardo Rodríguez) están acusados. 

Ya antes el Gobierno promovió otra insostenible acusación, esa vez contra el líder de Unidad Nacional y expresidente de Soboce, Samuel Doria Medina. La denuncia contra él fue tan cuestionable que hasta la OEA se solidarizó.

Por lo menos Carlos Mesa y Jorge Quiroga, además de Doria Medina, son políticos que no ha descartado tener aspiraciones presidenciales. Acusarlos obviamente está dentro del plan gubernamental de inhabilitarlos como tales, en vistas de su deseo de prorrogar a Evo Morales. 

Sobre el fondo de la "investigación” de la comisión, hay poco que decir. De las 212 empresas estatales privatizadas, casi todas ellas arrojaban cuantiosas pérdidas y eran una carga para el Estado, como lo son ya la treintena de empresas públicas creadas por el  actual gobierno, todas ellas, deficitarias también.

Pero lo más importante es que, incluso en caso de que los exmandatarios hubieran cometido irregularidades, esos hechos ya prescribieron. En el caso de Mesa, ya han transcurrido 12 años desde las acciones que supuestamente realizó. Si la Fiscalía fuera independiente, simplemente no iniciaría acusación alguna contra ninguno de ellos.

La estrategia de promover acusaciones de este tipo ha tenido pobres resultados. Es curioso que, a pesar de ello, se insista en alentarlas.

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