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editorial

¿A quién defiende Tezanos Pinto?

¿A quién defiende Tezanos Pinto?
Ya no queda duda que el país perdió la Defensoría del Pueblo tal como se la conocía hasta la gestión de Rolando Villena. El actual defensor, David Tezanos Pinto, tiene una falla de origen: fue funcionario del gobierno del MAS hasta el mismo día de su elección.

Pese a eso, diversos sectores y líderes de opinión le otorgaron el beneficio de la duda; sin embargo, no tardaron mucho tiempo en desencantarse.

El Gobierno ejecutó una estrategia para el desmontaje de las funciones de la Defensoría del Pueblo. Además de elegir a su funcionario gubernamental como Defensor del Pueblo, aprobó una nueva ley que rige la vida de la institución que introdujo elementos destinados a quitarle su efectividad e independencia.

A decir el exdefensor Villena, la nueva norma amputa la independencia a la institución porque señala que la promoción de los derechos humanos debe hacerse en coordinación con las instituciones del Estado. La misma ley indica que la Defensoría debe actuar por motivación de actos, lo que quiere decir que no puede emitir criterios sin las pruebas presentadas en un procedimiento legal.

Por si fuera poco, se ha eliminado el artículo que señalaba que la  Defensoría no puede recibir órdenes de ningún órgano y se ha introducido un artículo que indica que la censura pública, que era el único mecanismo de sanción que tenía la institución, no debe darse a conocer públicamente, sino que debe incluirse en la memoria anual.

La autoridad también perdió autonomía porque la designación  de sus adjuntos debe  ser avalada  por el Senado.

La amputación funcional de la Defensoría del Pueblo estuvo acompañada de la acción del defensor Tezanos Pinto, quien en la mayoría de los conflictos se puso del lado del Gobierno y no del pueblo.

Durante el conflicto de los discapacitados interpuso sus acciones para desmovilizar a los que protestaban.

Cuando los médicos protestaban  interpuso una acción popular ante el Tribunal Constitucional para desmovilizarlos.

En el caso Illanes no mencionó para nada la actuación del Gobierno respecto a los pedidos de auxilio que envió el viceministro antes de ser asesinado.

Y en el conflicto de Achacachi, Tezanos Pinto adoptó una posición en favor de un revocatorio, que es la misma línea expresada por el Ejecutivo. Y, por si fuera poco, indicó que un dirigente de los Ponchos Rojos había sido tomado como rehén de los bloqueadores, lo que resultó ser mentira. 

El Defensor ya perdió toda su legitimidad y dejó indefensas a las víctimas de la vulneración de los derechos humanos, lo que es una mala noticia para la democracia.

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