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editorial

Dudas sobre la Comisión de la Verdad

Dudas sobre la Comisión de la Verdad

No puede sino destacarse que un Gobierno decida dar los pasos necesarios para que se conozcan los hechos sucedidos durante regímenes dictatoriales del pasado. Eso es lo que ha hecho precisamente el oficialismo, mediante la aprobación de la Ley 879, del 23 de diciembre de 2016, que creó una "Comisión para establecer la Verdad, la Justicia y la Reparación por los crímenes del periodo dictatorial” (del 4 de noviembre de 1964, cuando se produce el golpe de Estado de René Barrientos, al 10 de octubre de 1982, cuando se recupera la democracia). 

La semana pasada, mediante el nombramiento de sus cinco integrantes, que deberán revisar miles de documentos de archivos militares, se ha conformado esta comisión.

Pese a lo adecuado de la iniciativa, es importante mencionar algunos elementos adicionales.
 
Inicialmente se debe decir que esta no es la primera ley que busca analizar ese mismo periodo histórico. En el pasado, esas iniciativas quedaron truncas, tanto por ineficiencia de las autoridades de entonces cuanto por la dificultad de la tarea en sí.

En segundo lugar, es notable que el Gobierno, que se dice revolucionario, haya demorado 11 años en crear su propia comisión de la verdad. Lo es más aún porque el régimen actual es el que mayor cercanía ha construido con las FFAA desde el retorno de la democracia. 

Gobiernos anteriores tenían una relación más institucionalizada con el estamento militar, estilo que ha sido cambiado por completo por la administración actual, que ve a las FFAA como un actor político asociado. En muchas declaraciones, el presidente Evo Morales ha exculpado a los militares de los delitos que han cometido en el pasado, entre otras cosas al decir que éstos fueron "manipulados” por los partidos políticos.

Las dudas sobre la efectividad de esta comisión se acrecientan al recordar que, ante la presión de los familiares de detenidos desaparecidos, especialmente los del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, tanto Morales como el vicepresidente Álvaro García Linera justificaron a las FFAA y dijeron que los archivos ya no existían.

 ¿Entonces basado en qué se vuelve a insistir con una ley? ¿Si los dos primeros mandatarios de la nación justifican a las FFAA y señalan que los documentos fueron destruidos, qué sentido tiene esta nueva comisión?

En el pasado, el Gobierno actual no ha mostrado interés en esclarecer estos hechos, como lo atestiguan las víctimas de las dictaduras que desde hace años realizan una vigilia en el Prado de La Paz y cuya medida no genera conmiseración alguna de las autoridades.
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