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editorial

Judiciales: repetir la historia por gusto

Judiciales: repetir la historia por gusto
El Movimiento al Socialismo (MAS) está a punto de repetir la historia registrada en 2011, cuando Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en elegir, por voto directo, a los magistrados del Órgano Judicial. La experiencia terminó con el desastre ya conocido: una justicia mediocre, corrupta y sometida al poder político.

Aquel año, la Asamblea Legislativa, dominada por el MAS, seleccionó a los candidatos, tal como manda la Constitución.

Seis años después, el oficialismo reedita la fórmula con la agravante de que en el proceso previo se cometieron una serie de irregularidades que en circunstancias normales podrían invalidarlo.
 
 Recordemos algunos de esos actos polémicos y anómalos:

·          Universidades: El Gobierno apostó al sistema universitario para acompañar el proceso, pero la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y la Gabriel René Moreno de Santa Cruz se desmarcaron argumentando que el MAS pretendía que estuvieran presentes únicamente para avalar el mecanismo sin darles el derecho a tomar decisiones sobre los postulantes. Finalmente, las que se quedaron no participaron en la entrevista final a los postulantes. 

·          Cuota femenina e indígena: Cuando la comisión preseleccionadora se dio cuenta que no se cumplía con la cuota femenina e indígena, decidió hacer una nueva convocatoria para el Tribunal Constitucional y para el Tribunal Supremo de Justicia flexibilizando la norma en el sentido de que el requisito debe ser observado a nivel nacional y no a nivel departamental.

·          Examen de nivel escolar: Algunas de las preguntas que se hicieron en la prueba escrita a los postulantes para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura eran tan fáciles que resultaron risibles. Los legisladores argumentaron que las universidades habían elaborado una batería de preguntas, lo cual dejó en entredicho también a los académicos que avalaron el examen.

·         Gambeta a la ley: Los actuales magistrados no pueden volver a postular a sus cargos, pero para habilitarse, cambiaron de institución, por ejemplo, pasaron del Tribunal Supremo de Justicia al Tribunal Constitucional, como Pastor Mamani, que declaró su admiración a Evo Morales.

·         Funcionarios públicos: No se incluyó ninguna prohibición para la postulación de funcionarios públicos, lo que abrió la puerta a viejos conocidos de la administración pública y fieles seguidores del proceso de cambio.

·         Voto corporativo: El cuoteo que caracterizó a la denostada época neoliberal fue sustituido por el voto corporativo, que fue enviado vía WhatsApp a los legisladores. Ya no hay rubor, ya no se guardan las formas, ya no se esconde el mecanismo, por el contrario, se lo justifica públicamente, como lo hicieron Gabriela Montaño y Álvaro García Linera. El voto corporativo hace palidecer al cuoteo del pasado porque antes los cargos se repartían entre varios partidos y, al menos, éstos buscaban renombrados juristas. Hoy en día, la torta se la come un solo partido y entre menos destacados sean los elegidos, mejor, porque entonces son mucho más maleables.

Seguramente éstos no son los únicos hechos que ensombrecen el proceso de selección de candidatos, pero bastan para entender que lejos de resolver la crisis de la justicia, ésta se mantendrá o tal vez empeorará.

Durante el proceso, nunca se escuchó a los líderes de oposición y tampoco a ciudadanos notables que ensayaron fórmulas para garantizar la independencia de los futuros magistrados. Por el contrario, el MAS continuó adelante con la fórmula aplicada en 2011 porque, hay que ser claros, le dio excelentes resultados. Entre otras cosas, le permitió a Evo Morales postular a un tercer mandato que estaba expresamente prohibido en la Constitución Política del Estado. ¿Por qué habría de cambiar el mecanismo ahora, justo ahora que precisa legalizar una cuarta postulación a la presidencia?

Cuando la historia se repite no se puede hablar de errores, sino de actos deliberados destinados a someter la justicia a los intereses del partido gobernante.

 


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