Editorial

El conflicto de salud y la palabra empeñada

domingo, 07 de enero de 2018 · 00:30

El Gobierno vive un momento de especial tensión, después de que la decisión del presidente Evo Morales de pedir la derogatoria de dos artículos del Código Penal fuera considerada insuficiente.

Los representantes médicos rechazaron el ofrecimiento argumentando que “sólo atiende a uno de los puntos expresados en el voto resolutivo (…)  dejando de lado demandas importantes para la mejora de la salud en Bolivia”.

Los dirigentes, además, están en contra de una Cumbre de Salud con organizaciones sociales afines al Gobierno y piden la “implementación” de una nueva Ley General de Salud que tome en cuenta la creación de un Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje, así como la derogación de los decretos 3385, 3091 y 3092. También demandan  que cesen “los procesos, sanciones y persecuciones injustas a nuestros universitarios, dirigentes y miembros de base”. Otros sectores (incluidos los médicos) exigen la derogación de todo el Código Penal, por observaciones a varios artículos.

Ante ello, muchas autoridades, como el Ministro de Justicia, han pedido “no satanizar” el Nuevo Código Penal ni los artículos que pretenden legislar la mala praxis en la medicina. El ministro Héctor Arce sostiene, con razón, que “la problemática de la negligencia médica es omnipresente en Bolivia y en el  mundo” y que es obligación del Estado prevenir y reparar los daños al derecho a la vida.

Sin embargo, después de  más de 40 días de conflicto, se puede concluir que ha habido una cuestionable gestión de la normativa de parte de los legisladores y una también deficiente gestión del conflicto de parte del Ejecutivo.

En el primer punto, aunque la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, ha defendido el proceso de elaboración, discusión y aprobación del Nuevo Código Penal que fue recientemente promulgado, queda claro que hubo importantes errores en su redacción. Lo demuestra la conclusión a la que finalmente se ha llegado, que es la de revisarlo, al menos en las partes cuestionadas.  Una reforma legal tan importante como un nuevo código penal, no sólo requiere una discusión y aprobación congresal sino  una socialización con sectores involucrados, como es el caso de los médicos.

En cuanto a la gestión del conflicto, las lecciones son todavía más duras: si bien se esgrime el pretexto de que la movilización tuvo fines políticos, lo cierto es que el mismo Gobierno ofreció el caldo de cultivo para ello; primero, con una defensa del artículo 205 carente de sustento y luego con una actitud confrontacional tendiente a denigrar el trabajo de los médicos. Recordemos las intervenciones de la Ministra de Salud, el tuit de la Ministra de Comunicación, o las declaraciones del propio Presidente y Vicepresidente.

El hecho de que en los últimos días la ministra de Salud, Ariana Campero, no haya participado en  las negociaciones y resoluciones adoptadas no hace más que confirmar la mala gestión de su cartera.

Por otro lado, aunque se asegure que “no se corre peligro de penalizar la práctica médica” y que en el Código de marras hay más buenas que malas intenciones, la poca confianza en la justicia hace que sea difícil creer en las garantías.

Pero, quizás, la lección más emblemática sea la reacción ciudadana al anuncio presidencial de derogación de los artículos cuestionados. Lejos de desactivarse el conflicto, surgieron de inmediato dudas sobre la veracidad de la oferta presidencial y nuevas exigencias y especulaciones (como que el apuro para dar este paso es no perjudicar el paso del Dakar por el país).

Triste balance. Primero, porque queda en evidencia la escasa fe de la población en la palabra empeñada por nuestro Primer Mandatario; segundo, porque si se trata de una urgencia para no perjudicar el paso del circo que representa la carrera del Dakar, es peor el remedio que la enfermedad. 

Lo único que podemos aseverar los ciudadanos después de más de un mes de tensiones es que la salud de los bolivianos está en estado de coma.
 

 

380
2