Editorial

División entre los Ponchos Rojos

miércoles, 07 de marzo de 2018 · 00:00

En general el Gobierno es muy eficiente en cooptar y dividir a las organizaciones sociales. El último ejemplo lo dio en la COB, cuando el oficialismo logró controlar el Congreso de la entidad y elegir a Juan Carlos Huarachi como secretario ejecutivo, una nueva pieza del régimen. Huarachi ha señalado expresamente que apoya al “proceso de cambio”. Guido Mitma, el anterior ejecutivo, denunció que el MAS ha tomado por completo el control del ente matriz de los trabajadores.


Hay muchos otros ejemplos de ese afán del oficialismo de tener supervisión sobre todo el mundo sindical. Cuando la CIDOB se mostró crítica con el Gobierno, éste logró su división, primero, y su toma, después. Lo mismo ha sucedido con el Conamaq y otras instituciones. Las autoridades han hecho del impulso al “paralelismo sindical” una de sus estrategias fundamentales. Controlando a esas dirigencias tienen asegurado el apoyo para el Gobierno en forma de marchas, manifestaciones y otros.


No le fue tan bien al oficialismo, sin embargo, en su deseo de manipular el congreso de los campesinos de la provincia Omasuyos, conocidos como los Ponchos Rojos. Por lo visto la operación era considerada muy importante y el Gobierno mandó a dos “pesos pesados” para poder intervenir la asamblea: el canciller Fernando Huanacuni y el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas.


Huanacuni y Rojas maniobraron, según denuncias de los afectados, para que, como Ejecutivo Provincial, que es la máxima autoridad sindical campesina de la provincia Omasuyos, fuera designada una persona proclive al partido de Gobierno.


El ejecutivo cantonal de Achacachi, Freddy Tallacagua, denunció que el congreso se realizó de forma ilegal con sólo 10 cantones de la provincia mencionada, pretendiendo desconocer a los representantes de 27 cantones, lo que generó una batalla campal. Más de 20 asistentes resultaron heridos por el enfrentamiento, en el que hubo piedrazos, puñeteaduras y hasta petardos fueron usados como armas.


Tallacagua denunció también que el oficialismo ofreció dinero a los dirigentes para que el representante provincial fuera elegido de entre los dirigentes del oficialismo.


Los dirigentes que se sienten marginados han señalado que no reconocen a los nuevos representantes y que tomarán acciones legales para sancionar a quienes provocaron los desmanes. Y organizaron un congreso de emergencia en el que participaron delegados de 24 cantones, quienes determinaron rechazar al ministro Rojas, declararlo persona no grata y desconocer al Ejecutivo Provincial nominado por el oficialismo.

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