Editorial

Juicio civil contra Sánchez de Lozada

viernes, 09 de marzo de 2018 · 00:00

Hace casi 15 años que terminó el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando el 17 de octubre de 2003 tuvo que renunciar a su cargo de Presidente ante una ola de protestas, bloqueos y manifestaciones organizadas en su contra.


El país vivía entonces una etapa de transición política y social, con los sectores campesinos e indígenas pugnando por tener mayor reconocimiento, participación política y mejores condiciones de vida. Muchas de las tensiones provenientes de la Revolución Nacional seguían latentes y otras acciones, como la Participación Popular, ayudaron a empoderar a dirigentes de zonas rurales, en una confluencia de demandas que se hizo evidente a partir del año 2000.


El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de la Presidencia y Defensa  Carlos Sánchez Berzaín  no entendieron el momento histórico que se vivía. Una brillante campaña electoral logró encaramarlo en el poder, pese a tener una muy mala imagen entre los bolivianos, pero lo hizo de una manera artificial, contra las corrientes de opinión pública de entonces. Y así le fue. Además, su magra votación lo obligó a aliarse con su exrival Jaime Paz Zamora, en un acuerdo resistido por la mayoría de la gente.


Con esas circunstancias, era evidente que la administración de Sánchez de Lozada tenía pocas posibilidades de éxito.


Las autoridades elegidas democráticamente tienen a su disposición mecanismos constitucionales para actuar en caso de la existencia de protestas violentas, desórdenes o indicios de subversión. El uso de la fuerza policial y militar es legal y legítimo en algunas circunstancias, pero también puede convertirse en ilegal en determinados momentos. Finalmente, un Gobierno no puede asentarse solamente en la acción de las fuerzas represivas.


Sánchez de Lozada, y especialmente su ministro Sánchez Berzaín, no entendieron aquello y pensaron que la “majestad del Estado” debía ser siempre respetada, sin buscar consensos ni acercamientos con los sectores sociales de entonces ni tomar en cuenta las demandas de los bolivianos. 


Cuando se produjeron las primeras protestas en septiembre de 2003, Carlos Sánchez Berzaín pensó que la solución pasaba por reprimir a los manifestantes y recuperar el control a costa de lo que fuera.

Ello, al contrario de lo que esperaba, enardeció más a la gente, creándose una espiral de violencia y protestas sociales casi generalizadas, no sólo en zonas marginales, sino en ciudades como El Alto y La Paz. En 30 días de conflicto murieron más de 65 personas por las acciones represivas del régimen.


También hubo excesos en la acción de los manifestantes, pero las autoridades tienen más responsabilidad que la gente en el uso de la violencia. La ceguera del exministro Sánchez Berzaín, una de las autoridades más nefastas de la historia reciente boliviana, y la complacencia y obstinación de Sánchez de Lozada pusieron al país en un escenario de verdadera crisis, que terminó en la renuncia de ambos y su traslado a EEUU en busca de protección judicial y política.


Han pasado casi 15 años desde esos luctuosos hechos y los familiares de ocho de los fallecidos, representados por el abogado Rogelio Mayta, han logrado finalmente que se instale el juicio civil contra ambas exautoridades. Lo que exigen es el pago de un resarcimiento económico, que podría ser millonario en caso de que el jurado encuentre responsables de los sucesos a los dos sindicados.


Lo que la acusación necesita demostrar es que las muertes de Octubre Negro fueron ocasionadas “intencionalmente” y no como parte de acciones represivas legales que salen de control. Cada vez que hay una conmoción social y enfrentamientos con uniformados, en cualquier país del mundo, pueden producirse muertes. La acusación de los familiares de las víctimas sostiene que las muertes que se sucedieron en ese momento en Bolivia eran evitables y fueron provocadas por el Gobierno para aplastar la rebelión. Para empezar, se usó personal militar y munición de guerra para enfrentar a las protestas, en vez de apelar al cuerpo policial y sus armas disuasivas.


Con todo, es evidente que el uso de la fuerza militar en esos sucesos fue irracional, excesivo e innecesario, lo que ocasionó luto y dolor en el pueblo boliviano. Si Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son hallados culpables, se hará justicia ante esa trágica situación.
 

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