Editorial

El centralismo que acabó con la autonomía

miércoles, 11 de abril de 2018 · 00:00

El centralismo en Bolivia está en su momento de mayor auge. Detrás de una etiqueta llamada “Estado plurinacional”, en realidad lo que existe es un Gobierno que concentra, de manera secante, las decisiones y los recursos económicos del país.


En ese sentido, la Fundación Jubileo advirtió que el presupuesto de inversión del Ministerio de la Presidencia asciende en 2018 a 3.094 millones de bolivianos, cifra un tercio mayor al de las nueve gobernaciones departamentales juntas, que alcanza a 2.149 millones de bolivianos. 


Jubileo informó que mientras los presupuestos de inversión pública de municipios y departamentos han bajado, el del Ministerio de la Presidencia ha aumentado con respecto al del año 2017. 


Las gobernaciones experimentaron una caída de 57% en sus ingresos desde 2014, mientras que las alcaldías los vieron reducidos en 33%, debido a la caída de los precios internacionales del petróleo.


En ese mismo sentido, el año pasado, un cálculo estableció que el Ministerio de la Presidencia tenía un presupuesto anual similar al de otros 14 ministerios. 


Ese año, el Ministerio de Justicia, por ejemplo, recibió 37,9 millones, es decir 1,3% de lo que administró Presidencia, que tiene 70 veces más presupuesto que cinco carteras de Estado.


Ese Ministerio controla los gastos del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, dedicado a hacer obras en todo el país, con énfasis en canchas deportivas y coliseos. 


El manejo fiscal del Ejecutivo ha hecho que la descentralización administrativa sea sólo una quimera, y le ha dado la mayor parte de los recursos para libre disponibilidad del presidente Evo Morales. El desembolso de los fondos del programa Evo Cumple requiere escasos requisitos y, una vez que las obras han sido asignadas, los controles son también reducidos. 


Ha habido numerosas ocasiones en las que las obras quedaron inconclusas o ni siquiera fueron iniciadas. La mala calidad de las mismas es también un rasgo común.


El rol de “alcaldes” del Presidente y Vicepresidente, “trastoca” toda la estructura del supuesto proceso autonómico del país. El Gobierno le quita recursos a alcaldes y gobernadores para ejecutar las obras que le corresponderían a esas instituciones.


Este sistema de gasto público se da pese a la reducción de los ingresos del país, que han caído fuertemente, y que se financia con deuda externa o usando las reservas internacionales; se mantiene vigente, sin embargo, para financiar, con dinero de todos los bolivianos, la eterna “campaña electoral” del régimen, obsesionado por eternizarse en el poder.


 

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