Editorial

Mägo de Oz y la vergüenza del país

miércoles, 13 de junio de 2018 · 00:00

El fin de semana pasado, en medio de un feroz nevada, los fanáticos del grupo de rock Mägo de Oz esperaban un show que había atraído atención incluso fuera de Bolivia: un concierto de rock sinfónico en el que la banda metalera se uniría a la orquesta sinfónica de El Alto. Parecía imperdible.

El resultado, sin embargo, lindó con lo dramático: el grupo decidió que no había condiciones para hacer un concierto de esa naturaleza; es decir, el escenario no podía albergar a 60 músicos ejecutando junto a la banda y, lo más importante, no se habían tomado previsiones para sonorizar a 60 músimos al mismo tiempo. 

Es así que el primer anuncio fue que sería un concierto regular, sin el ingrediente que había sido clave en la promoción y venta de entradas. La noticia cayó muy mal a los fans que habían pagado una entrada por ver un show que no iba a realizarse. La frustración fue mayor para los fans del exterior que ya habían visto a Mägo de Oz en sus países, pero que viajaron hasta La Paz para ver el show sinfónico. Entre los afectados había fanáticos que llegaron de Perú. 

El día del concierto, el viernes pasado, con un clima adverso y lluvia, el grupo español vio que tampoco había condiciones para que ellos tocaran y que incluso se temía un corte en los equipos, por lo que el concierto fue suspendido a poco de iniciarse.

El sábado el grupo debía viajar a Potosí, pero por retrasos y más desorganización e improvisación, se quedó en La Paz, por lo que esta vez los fans de esa capital se vieron perjudicados con absoluta desconsideración.

Se conoce que el viaje hacia Potosí debía realizarse por tierra, lo que ya representa una falta de consideración con los artistas, quienes pudieron haber sido llevados hasta Sucre en avión y de ahí por tierra hasta Potosí.

Pocas horas después se produjo la detención de la manager de la banda y el escándalo empezó a adquirir proporciones de drama pues, para evitar la cárcel, los artistas tocaron nuevamente prácticamente “tragándose” lágrimas, con temperatura bajo cero, y mucha y mala presión.

Finalmente, luego de partir del país –tras la ingrata visita– los rockeros denunciaron corrupción policial, se condolieron con los bolivianos por el estado de la justicia, denunciaron a los empresarios que los trajeron y hasta pidieron justicia para Jonathan, el universitario muerto por una canica disparada por la Policía.

La banda aseguró, en su cuenta de Facebook, que el productor local sobornó a cuatro policías para lograr la detención de la manager y dos artistas. No sólo eso, sino que mostró un video en el que el supuesto representante de la empresa de sonido, afirma que el productor no les pagó por el concierto sinfónico y por otros anteriores por lo que iban a retirar sus equipos. Eso habría sucedido cinco minutos antes del show. 

El balance no podría ser más triste: una banda famosa y con miles de fans da un espectáculo deplorable. Pero, no acaba allí el problema, los malos empresarios quedan una vez más impunes por su falencias. ¿Cómo ofrecer un concierto sinfónico en un escenario como el del Teatro al Aire Libre?, ¿no pudieron tener un plan B ante los problemas que ellos mismos ocasionaron?, ¿es justo caer en el viejo truco de victimizarse por la “mala fe” de un grupo musical al que no se le dio las condiciones e incluso al que se encarceló y extorsionó? 

Es hora de que les exijamos responsabilidad a quienes organizan y lucran con este tipo de espectáculos; esta es una historia más de muchas que ya hemos presenciado. Gracias a ellos, Bolivia y especialmente La Paz, ha quedado marginada de la movida artística de la región. Por lo demás es triste, verdaderamente triste, que una ciudad fría como La Paz no tenga un escenario cubierto adecuado para conciertos. 

Como medida paliativa, el Viceministerio de Defensa del Consumir y el productor Gustavo Tobar, que trajo a Mägo de Oz a Bolivia, anunciaron que se devolverá el dinero de las entradas para los fans de Potosí y para los que no estuvieron conformes en La Paz.

La pregunta es quién paga la mala imagen ganada por Bolivia.
 

 

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