Editorial

Una fuga y poca transparencia

viernes, 29 de junio de 2018 · 00:15

La viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, informó esta semana, de manera categórica, que “no existe ninguna contingencia ambiental en la localidad de Bulo Bulo. Por lo tanto, no existe daño ambiental en la zona”.

Aseguró también que las aguas del arroyo Muñecas, que según los pobladores fue afectado por una fuga de amoniaco, tiene las aguas cristalinas.

Sin embargo, lo que está lejos de ser cristalino  es el manejo informativo del tema, pues la información fue tardía, insuficiente y finalmente inexistente respecto a los resultados técnicos del estudio realizado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La fuga de amoniaco empezó, según reporte oficial, el 7 de mayo. El 29 de mayo, el senador opositor  Óscar Ortiz denunció una nueva paralización de la planta porque “habría una fuga de productos”.

Ante la imposibilidad de ocultar lo evidente, el 7 de junio, es decir  un mes después de iniciado el problema, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, reconoció que hubo una fuga de amoniaco y, lejos de referirse al tema ambiental, se centró en decir que el problema no tendrá un costo adicional para el Estado, puesto que lo cubrirá el seguro.

La información seguía siendo escasa. Incluso, las autoridades y pobladores de la zona habían llegado a hacer un pacto de silencio respecto a la contaminación, pero no faltaron aquellos comunarios rebeldes que denunciaron a El Deber y Los Tiempos que se había producido una mortandad de peces.

Cinco comunidades circundantes al arroyo Muñecas habrían sido afectadas por la fuga.

Los especialistas explicaron que a esas alturas sería difícil detectar la contaminación denunciada por el tiempo transcurrido, a no ser que se hubieran extraído las entrañas de los animales muertos para detectar el nivel de amoniaco que presentaban.

Pese a eso, técnicos de YPFB acudieron a la zona a tomar muestras el 19 de junio y el mismo día de manera preliminar indicaron que se descarta el daño ambiental.

Luego, YPFB emitió un comunicado al asegurar que no se utiliza agua en el proceso productivo de la úrea y que el líquido solamente se usa para refrigerar la planta, lo que no provoca contaminación. La estatal explicó que se usa el agua de lluvia y también la que se saca del río Ichoa y se la devuelve al arroyo Muñecas en las mismas condiciones.

Expertos consultados por este medio pusieron en duda esa versión. Si bien indicaron que el agua representa un “servicio auxiliar”, se utiliza para diferentes procedimientos, como refrigeración y generación de vapor.

Y, finalmente, esta semana, la viceministra Silva dio por concluida la polémica con una especie de sentencia en la que dice que no hubo contaminación alguna.

Cómo no dudar de su afirmación si desde el principio las autoridades a cargo ocultaron información. Cómo no dudar si se tardó un mes en tomar muestras para el análisis. Cómo no dudar si hasta ahora no se mostraron los resultados técnicos del estudio que hizo YPFB.

La planta de úrea y amoniaco de Bulo Bulo nació con problemas, tal es así que en ocho meses de vida ya se paralizó tres veces. El Gobierno asegura que todos esos son incidentes normales en plantas de este tipo y que son cubiertos por el seguro, como si únicamente de dinero se tratara el asunto.

No es sólo dinero el que está en juego. Está en juego la eficiencia del Estado en el manejo de la mayor industria de hidrocarburos del país, también está en juego el derecho a una vida libre de contaminación de los habitantes de la zona y, por supuesto, está en juego la inversión realizada con recursos de todos los bolivianos.

Justamente porque es una industria de todos, es preciso que las autoridades sean honestas, que expliquen los verdaderos motivos de las paralizaciones y, con más razón, que expliquen cuál es la verdadera dimensión de la fuga de amoniaco y sus consecuencias en el arroyo Muñecas y las comunidades afectadas.

 

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