Editorial

Derramamiento de sangre en Nicaragua

miércoles, 11 de julio de 2018 · 00:15

En casi tres meses de protestas en Nicaragua contra el régimen autoritario del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se ha producido la muerte de más de  250 personas o más de 300, según la agencia internacional que se cite, a manos de las brutales fuerzas policiales, paramilitares y seguidores del régimen.  El país vive la crisis política más sangrienta desde la década de  los años 80.

Las últimas víctimas murieron el domingo, que ha sido considerado el día más sangriento en lo que va de la insurrección popular. 

Según un reporte de  BBC Mundo, 38 personas murieron en los municipios de Diriamba y Jinotepe, en el departamento de Carazo y en el departamento de Matagalpa, en una “operación de limpieza” que ha emprendido el régimen de Ortega para desbloquear las carreteras.

Esta operación ha sido acompañada de un ataque vandálico a una iglesia y la agresión a los miembros de la jerarquía católica que, como una medida para salir de la crisis, ha pedido el adelantamiento de las elecciones.

Frente a esos hechos, en las últimas horas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitieron un comunicado condenando la acción oficialista. “Condenamos asimismo la estigmatización y persecución de personas defensoras de derechos humanos y  otros actores en el proceso de Diálogo Nacional”, indica una nota de prensa.

En un informe del 22 de junio, la CIHD, además, ha responsabilizado por la muerte de 212 personas (esa era la cifra de fallecidos entonces) al régimen de Ortega. 

Los gobiernos de Venezuela y Bolivia fueron los únicos que no respaldaron el informe y se convirtieron en cómplices de la situación. Fue una verdadera vergüenza que nuestro gobierno, representado por el embajador Diego Pari, no haya defendido los derechos humanos por encima de la línea ideológica.

Hace unas semanas, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado que se teme que en Nicaragua se estén produciendo ejecuciones extrajudiciales, perpetradas por integrantes de la Policía Nacional y fuerzas parapoliciales. También circulan fotografías en las redes sociales sobre la presunta acción de francotiradores contra los manifestantes, por lo general jóvenes universitarios.

Las protestas contra Ortega y Murillo empezaron el 18 de abril tras el anuncio de unas reformas en los planes de la seguridad social, pero ese fue sólo el pretexto para despertar a una sociedad hastiada de la corrupción, abusos y excesos del régimen, que lleva 11 años en el poder y que ha logrado reformar la Constitución para permitir la reelección indefinida.

Ambos lograron anular legalmente a los principales candidatos y partidos opositores y acudieron a las urnas casi sin adversarios en 2017, un modelo usado también por Nicolás Maduro en Venezuela en las recientes elecciones. Los manifestantes exigen la renuncia de ambos mandatarios y la convocatoria a elecciones libres.

Ortega y su esposa han constituido una nueva oligarquía en el país, en la que los jerarcas del partido en el poder, el Frente Sandinista, dominan los más importantes negocios. Aparte de la polémica pareja presidencial, uno de los casos más emblemáticos de la corrupción descarada del régimen es el del expresidente del Consejo Electoral, Roberto Rivas, acusado de blanqueo y tráfico de dinero por entidades internacionales. Rivas ostenta su riqueza con desvergüenza, la que incluye aviones privados, vehículos de lujo y un yate; la oposición lo acusa de haber orquestado un fraude electoral.

La lucha de los nicaragüenses debe ser respaldada a nivel internacional. La OEA y gobiernos  deberían mantener con Nicaragua la misma firmeza que los lleva a presionar al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Ello debería ocurrir, y pronto.

 

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