No se aclara el caso Quiborax

lunes, 09 de julio de 2018 · 00:15

Como era de prever, el acto interpelatorio realizado por el Legislativo a los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, para supuestamente intentar esclarecer el caso Quiborax, no logró ningún resultado. La bancada masista, como suele hacer, usó ese mecanismo para exculpar a los interpelados.

En esta ocasión, sin embargo,  debería ser de interés del oficialismo dilucidar el tema. Las dudas al respecto son muy graves y requieren una explicación transparente.

Los aspectos de este asunto pueden ser divididos en tres áreas principales: la primera tiene que ver con el pago de los 42,6 millones de dólares de indemnización al conglomerado del que formaba parte Quiborax, después de años de litigio internacional en el tribunal del CIADI. Se ha informado que en 2008 se llegó a un acuerdo para pagarle tres millones de dólares a la compañía por haberla expulsado del país en 2004 sin cumplir con las formalidades que exigía la ley.

Por un mal cálculo y trabajo deficiente, el gobierno de Evo Morales prefirió no aceptar dicho acuerdo y optó por el arbitraje internacional. Las cosas empeoraron para el Estado de manera notoria y  siete años después se estaba negociando un posible acuerdo de 27 millones de dólares. Tampoco las autoridades nacionales pudieron cerrar ese acuerdo y terminaron pagando 42,6 millones de dólares, 2,6 millones más de lo que inicialmente pidió Quiborax.

Suponiendo que no hubiera ninguna irregularidad en la manera como las autoridades, encabezadas por Héctor Arce, condujeron las negociaciones, mínimamente podemos afirmar que hubo negligencia o incompetencia. Se puede decir, objetivamente, que los abogados de la defensa boliviana tuvieron una labor deficiente.

El segundo punto tiene que ver con el hecho de que no se pudo hacer valer, en el proceso de anulación del laudo de 2016, la evidencia de que el documento de constitución había sido falseado. El conglomerado privado tenía mayoría boliviana y solo pudo acudir al CIADI porque un documento falsificado de un empresario boliviano, David Moscoso, así lo permitió. En un proceso abreviado, Moscoso admitió el delito de haber hecho creer que la compañía tenía mayoría de acciones chilenas para que pudiera acudir al tribunal internacional. Pero, pese a contar con un argumento tan demoledor, la parte boliviana no logró que el CIADI anulara el proceso. Es más, según la versión de la Procuraduría, el acuerdo de 27 millones de dólares fracasó porque Moscoso expresó su desacuerdo con el mismo. En otras palabras, el Estado boliviano terminó sometido al chantaje de un falsificador confeso de documentos. Eso, pensando de buena fe. 

Finalmente está el hecho de que toda posibilidad de acuerdo se haya ido al tacho por la filtración de documentos desde la oficina de la subprocuradora Carmiña Llorenti. Al iniciarle un proceso interno a Llorenti se admite que los abogados de Bolivia y Chile pactaron las acciones a seguir. Esa relación dudosa y, más aún, sospechosa, del equipo boliviano con su par de Chile llegó al colmo cuando Llorenti le prestó a uno de los juristas chilenos la computadora de su despacho desde donde se reenviaron por mail algunos documentos. Ello, pese a su alta sensibilidad y gravedad, solo motivó de parte de Arce el envío del caso a la dirección jurídica, que recomendó el proceso administrativo. Ese proceso demoró 15 meses en iniciarse y nunca se realizó uno de tipo penal. 

Mientras se actúa con esta laxitud al interior del Gobierno, se ha iniciado un proceso legal contra Carlos Mesa, supuesto iniciador del problema en 2004 como único verdadero responsable, en vez de actuar con más transparencia y autocrítica ante la cuestionable defensa legal realizada durante 12 años. 

Este caso abre también las sospechas sobre cómo la Procuraduría negoció los otros casos de pagos de indemnizaciones, por los cuales el Estado ya ha erogado más de 900 millones de dólares y tiene pendientes más de mil millones adicionales. Ese es, sin embargo, otro capítulo de la historia.
 

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