Desde el faro

¿Ética parlamentaria? ¿conflicto de intereses?

viernes, 30 de septiembre de 2016 · 12:00:00 a.m.
Un antecedente memorable relacionado indirectamente a la ética parlamentaria tiene relación con el juicio interpuesto por la Cámara de los Comunes a Tomás Moro, procesado y decapitado en 1535, por resistirse a juramentar contra la autoridad papal al alegar objeción de conciencia, pero, también, usando como argumento, el haber aceptado un regalo que habría influido en una decisión adoptada mientras fuera Canciller de Inglaterra de Enrique VIII. 

Hoy en día, en democracias avanzadas se tiene reglamentada y limitada la recepción de regalos de terceros, el principio de objeción de conciencia y otros aspectos éticos teniendo más clara la división entre el ámbito público y privado.   

En realidad, fue después de la Segunda Guerra Mundial que comenzaron a desarrollarse los códigos de ética pública y legislativa. Se lo hizo bajo la premisa de que los parlamentos son de vital importancia para la sobrevivencia, la salud y credibilidad de las instituciones democráticas.
 
Éstos tienen la finalidad no sólo de regular y sancionar  el comportamiento de las autoridades electas, sino, ante todo, protegerlas previniendo incurran en actos que puedan empañar su imagen, la de su partido y del Parlamento. 

 Esta función preventiva puede traducirse en dictámenes y/o recomendaciones que adviertan sobre conflicto de intereses a tiempo de tomar decisiones de Estado en temas que tensionan el interés general y alguno particular. 

 Es el caso de legisladores o funcionarios de jerarquía que optan por abstenerse a definir temas clave por tener o haber tenido relación cercana con corporaciones financieras o empresariales (petroleras, energéticas, etcétera), cuyos intereses podrían contradecirse. ¿Se imaginan que en Bolivia una comisión de ética dictamine la inconveniencia de que un empresario, minero o un cooperativista, ejerciendo función pública, tome decisiones al tratar una ley minera integral potencialmente amenazante al interés sectorial que representa? ¿O la recomendación para que un exejecutivo de empresa petrolera no sea destinado como embajador a un país donde tiene peso la referida empresa? O algo más familiar, ¿que los representantes cocaleros, por razones éticas y conflicto de interés, vean la necesidad de abstenerse a votar -no a opinar-  la propuesta de ampliar a 20.000 hectáreas los cultivos de coca ahora excedentarios? Personalmente no lo imagino.

Aquí ocurre al revés. Es bien visto, y más bien una obligación, que dirigentes y exejecutivos de empresas incidan a favor de sus sectores a cualquier costo y recurran a presiones de todo tipo.
 
Mejor si es en las calles, entorpeciendo la deliberación  y negando a los demás el derecho a oponerse a intereses de minorías eficaces.

Con estos antecedentes cobra sentido referirse a la reforma del Reglamento de Ética aprobado por la Cámara de Senadores. Definir como falta gravísima el no "respetar y acatar las decisiones acordadas en una bancada”, bajo pena de ser separados entre seis a 12 meses, sin goce de haberes, es altamente penalizadora. El inédito consenso entre opositores y oficialistas da cuenta de la necesidad de controlar las aguas nada mansas dentro de ambas bancadas. 

El acuerdo de la pasada semana facilitó al MAS el camino de domesticación de los suyos en la propia casa, sin tener que forzar procesos judiciales ni depender de un órgano judicial, cada vez más cuestionado. En el MAS los "libre pensantes son herejes” y en la oposición esta medida pretende ocultar una debilidad congénita, siendo incoherente con la crítica dirigida a los rudos del MAS cuando la guillotina partidaria cayó inclemente sobre Rebeca Delgado y el senador Maldonado, entre otros. El desacuerdo ocasional no es necesariamente transfugio. En ambos casos se percibe un serio déficit deliberativo interno.

Lo ocurrido da cuenta del uso instrumental de las comisiones de Ética Parlamentaria. Conlleva mucho ruido y "más nueces”. En un escenario de amigos y enemigos, de virtuosos y villanos, es fácil caer en prácticas inquisitoriales.  La discrepancia se interpreta como oportunismo, traición, derechización o "masificación”. Vivimos en el reino del  recelo y la suspicacia. Paranoia total, hoy tan contagiosa. 

Erika Brockmann Quiroga es politóloga.