Desde el faro

Ley de la coca: conflicto de intereses y algo más

viernes, 03 de marzo de 2017 · 12:00:00 a.m.
La aprobación de la "Ley General de la Coca” con el fin de ampliar la cobertura legal de cultivos de la hoja milenaria  ha sido un acto de provocación que lastima la imagen del país y desnuda la esencia de un régimen reducido al lema que le dio origen, y que hoy se vuelve contra suyo: "Kausachun coca”.  La ley atenta contra la idea de "bien común” de la patria mientras el presidente Morales funge, simultáneamente y  sin sonrojarse, como presidente de las seis federaciones de productores de la hoja de coca del Trópico de Cochabamba, cuyos cultivos son destinados en un 93% al circuito de la economía ilegal de coca-cocaína. 
 
 El debate de esta polémica ley debió involucrar a diversos sectores de la sociedad y no restringirse a aquellos directamente beneficiados con su promulgación. Con su aprobación, el Gobierno ha vulnerado la ética política y parlamentaria al incurrir en faltas y potenciales conductas delictivas que derivan de un inocultable  "conflicto de intereses”. En otras palabras:  su tratamiento y aprobación final debió darse previa  inhibición y declaratoria de impedimento por incompatibilidad de todos los congresistas que son a la vez productores de coca de zonas de transición impulsores de la ley.
 
 No se descarta la sospecha de  delito de abuso de autoridad de una mayoría política parlamentaria que, además de no reflejar el sentir de la mayoría de la sociedad boliviana en esta temática, ha optado por propiciar una norma contraria a la Constitución que reconoce como legal sólo aquella coca destinada al uso tradicional. 
 
 Su aprobación se ha dado en medio de la incertidumbre y falta de confiabilidad de los resultados del estudio sobre la demanda real y efectiva del mercado legal de la coca encomendado en su momento  a la Unión Europea.  Dicho estudio, ahora bajo sospecha por la manipulación de datos y metodología por parte del Gobierno, no ha sido transparente ni concluyente en sus resultados.  Pese a ser un tema sensible, el Gobierno se estornuda en la opinión de la comunidad internacional timorata y la gran mayoría de los bolivianos conscientes de los daños colaterales que, para la salud pública, para el medio ambiente, para la "pachamama” y para el tejido de la sociedad tiene la dinámica de la economía ilícita asociada a la producción excedentaria de coca. 
 
 Duele reconocer esta realidad, 20 años después de confiar en la estrategia "coca por desarrollo” y del desarrollo alternativo y evidenciar su fracaso; al igual que el prohibicionismo y la violencia de las estrategias de interdicción contra el cultivo de la hoja destinada a la producción de cocaína. Se trata de una problemática que nos sume en la desesperanza y la impotencia frente al abuso de poder, la inoperancia de la ley  y a los mitos que la rodean. 
 
 La realidad del Trópico de Cochabamba  es paradójica. Alimentó el sentimiento antinorteamericano  siendo la zona más beneficiada por la cooperación internacional, empeñada en pavimentar los caminos y sendas para el desarrollo alternativo, pero donde hoy circula sin complejo la ilegalidad.
 
 Con la legalización de la producción de más de 10.000 hectáreas se decidió incorporar al mercado toneladas de coca a regirse por la premisa más neoliberal de todas "dejar hacer, dejar pasar”. Hace mucho que el Trópico cochabambino es tierra donde rige la ley del más fuerte y donde a título de autorregulación se elude la intervención del Estado.  Razones sobran para considerarlo el hoyo del queque, aunque para otros se trataría más bien de un agujero negro, donde campea la informalidad y cuya contribución al denominado "proceso de cambio” despierta más dudas que certezas. 
 
 Coincido con quienes argumentan que el conflicto de intereses golpea a varios gobernantes de la región y que ha sido un problema recurrente en  la historia boliviana, dada la influencia perversa de diversos grupos corporativos a costa del Bien Común. 
 
 Curiosamente, así como en el pasado,  la hoy "sagrada hoja de coca”  fue eficaz  dispositivo de explotación colonial de la mano de obra de indígenas y pueblos originarios. Estos días, con su legalización en zonas de "transición” o de producción excedentaria se  propicia la proliferación de zonas donde campea la violencia, se irradia  anomia; es decir, una red de espacios vacíos de Estado en nuestro vasto territorio.
 
Erika Brockmann Quiroga 
es politóloga.
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