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Erika Brockmann Quiroga
Desde el faro

Misiles antiautonómicos: ¡pausa por favor!

Misiles antiautonómicos: ¡pausa por favor!
Hoy propongo decretar una pausa a toda nueva transferencia de competencias a gobernaciones y municipios hasta que algún día se consuma el lento y aún incierto proceso que selle un nuevo pacto fiscal en el país. Sobran razones para ello. El artículo 298, numeral 4 de  la Constitución Plurinacional (CPE) establece que el Régimen Aduanero es una competencia "privativa” del gobierno central, lo que en buen romance implica que la facultades legislativas, reglamentarias y ejecutivas son intransferibles e indelegables a las entidades autónomas. 

El artículo 305 sostiene que toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de recursos económicos necesarios para su ejercicio.
 
Estas precisiones son pertinentes a la hora de referirse a la propuesta de ley para que los gobiernos municipales asuman  la ingrata tarea de controlar la venta ilegal de prendas de vestir a medio uso e ingresada al país, en su mayoría, vía contrabando. 

Esta genial iniciativa es  inconstitucional, dado que los decomisos de este tipo son responsabilidad que cae en la órbita del régimen aduanero. Es políticamente irresponsable y desordena el ya enredado mapa competencial de las autonomías.  Sin embargo, no faltan quienes se frotan las manos una vez disparado el misil que estallará en las manos de alcaldes a la hora de cumplir con  tan desgastante  encomienda y enfrentarse a una actividad que el gobierno central elude controlar.  

 El misil disparado con malicia, premeditación y alevosía tiene objetivos selectivos: alcaldes, como Sole, Leyes y Revilla, y otros  mayoritariamente opositores,  cuyas victorias  electorales en grandes ciudades aún no se digieren. No extrañaría que, en el tiempo, caiga sobre ellos la guillotina judicial por  "incumplimiento de deberes”; mientras en municipios rurales y oficialistas sigan campeando autos chutos y ropa usada sin que la dirigencia oficialista se sonroje. 

 La metáfora vale en estos tiempos que se entiende la política como campo de guerra. El año 2012, el presidente Morales dispuso, mediante Ley 321, la incorporación a la Ley General del Trabajo a todos los trabajadores administrativos de todas las alcaldías de capital de departamento, incluida la de El Alto. Ese momento la medida centralista comprometía a alrededor del 25% de las transferencias del gobierno nacional a estos 10 gobiernos municipales.

 Es cierto que lo deseable  sería aplicar gradualmente esta conquista comenzando por el gobierno central, que a la fecha concentra el 80% de los recursos. Hace unas semanas, la benevolencia de Su Excelencia sorprendió al crear un bono mensual municipal a favor de las personas con discapacidad grave y muy grave. Sin derecho al pataleo, los alcaldes aceptaron el encargo no sin antes instruir  raspar la olla de las arcas municipales en tiempos de carestía y presupuestarlo para la gestión 2018. Los alcaldes oficiales o cercanos al MAS respondieron ¡Amén!, confiados en que su lealtad y presupuestos serían compensados por el millonario programa presidencial "Bolivia cambia Evo cumple” (2.200 millones de bolivianos para el 2017).                                     
 El hipercentralismo se expresa en tutelaje y asedio a la gestión de las ETA. No sólo porque se optó por un modelo rígido (obligatorio) de ejercicio competencial, pisoteando los principios constitucionales de voluntariedad y gradualidad que el proceso autonómico debía observar, sino porque hasta ahora no se tiene claro el costo real de las múltiples y prioritarias obligaciones preestablecidas para gobernaciones y municipios.

 No olvidemos que han sido ya varias las medidas confiscatorias de recursos destinados a las autonomías, el Bono Dignidad se financia con éstos, aunque a la hora de celebrarlo sólo aparezca la foto de Evo, que hace tiempo oficia de alcalde mayor y gobernador supremo. El argumento de que los municipios cuentan con miles de millones en caja y bancos por deficiente ejecución no vale cuando el gobierno central adolece de similar insuficiencia. Por todo ello, ante tanta genialidad centralista, insisto en que la pausa en las relaciones políticas e institucionales, a veces belicosas, del Estado con autonomías sería justa, patriótica y saludable. 

Erika Brockmann Quiroga  es politóloga.
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