La Paz, Bolivia

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Erika Brockmann Quiroga
Desde el faro

La política: ¿bien público o mercancía?

La política: ¿bien público o mercancía?
El tema es controversial, pero urgente a debatir. Es verdad, no es fácil pronunciarse a favor del financiamiento público a las organizaciones políticas (OP), cuando el prestigio de la política va en picada y  su  futura ley está siendo objeto de una ronda de consultas a iniciativa del Órgano Electoral Plurinacional.

 Aunque sobran razones para que la ciudadanía en general  esté indignada con la política, los políticos y sus instituciones, deseando borrarlas de la faz de la tierra,  cabe señalar que las OP reconocidas constitucionalmente (partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas) son importantes por ser responsables de canalizar candidaturas a órganos de representación política, competir en elecciones y formar gobiernos. Pese a enfrentar el reto de adecuarse a un mundo cambiante  y de reinventarse para  recuperar la confianza de la sociedad, vale parafrasear el popular refrán "no siempre bien con ellas, pero peor sin ellas”.

 Amén de algún caso aislado de mal uso y destino de esos recursos, el periodo en el cual el financiamiento público entró en vigencia en Bolivia (1997-2008) fue demasiado corto para ponderar sus ventajas y limitaciones. De hecho, nunca gozó de la simpatía ciudadana al coincidir con un contexto de crisis económica galopante y de  inexorable colapso del sistema de partidos de ese primer ciclo democrático. 

 La segunda década del siglo XXI pinta un panorama distinto.  Además de la necesidad de asegurar mecanismos que prevengan la penetración de recursos de origen dudoso en las campañas, sobran argumentos para reponer el financiamiento público a las OP para tiempos electorales y no electorales. La consolidación de un sistema de partido político predominante con pulsiones hegemónicas como  el MAS, la constatación de que un 80% o de medios de comunicación están alineados a favor del partido oficial, sumados al uso electoral del programa Evo Cumple y el Fondo Indígena,  son razones suficientes para buscar mecanismos urgentes para nivelar las condiciones de competencia electoral ahora desiguales.  No hacerlo atentaría contra los principios básicos de una democracia plural basada en la premisa de la certidumbre de reglas y la incertidumbre de resultados. 

 Otro poderoso argumento tiene que ver con las dudas de que el Órgano Electoral tenga el físico para imponer sanciones de rigor a un Órgano Ejecutivo y un partido que directa o veladamente destina gran cantidad de recursos públicos para reproducir el poder, apoyado en millonarias y nunca antes vistas  campañas propagandísticas.  En varios países es prohibida la propaganda institucional con la imagen del candidato presidente, así como su presencia en inauguración de obras desde el momento de la convocatoria a elecciones.    

 El funcionamiento de las instituciones democráticas y  la  capacidad estatal de responder a las demandas ciudadanas cuesta y, aunque no lo crea,  dependen en  gran medida de la calidad de sus líderes políticos y de las OP. Desde esta perspectiva, el  desarrollo y la  fortaleza de la  vida orgánica de estas instancias, en tiempos no electorales y electorales, deberían asumirse como  un bien público a promover, proteger y fiscalizar.  

 Negar el financiamiento público contribuiría a que los candidatos con más musculatura financiera costeen los  nueve a 20 dólares por segundo de televisión a fin de posicionarse como, favoritos en el mercado electoral como si se tratase de mercancías o detergentes en competencia.  Por otro lado, es imprescindible  limitar los gastos de campaña y poner topes al financiamiento propio y especialmente el privado. 

 En otras palabras, así como en economía aplaudimos que el Estado regule y corrija los efectos perversos del libre mercado, con mayor razón  debiéramos promover que combata, vía fiscalización y financiamiento, los efectos también nocivos de la competencia desigual y salvaje del mercado político. No hacerlo significaría apostar por la privatización de la política, opción no sólo odiosa e incongruente con las tendencias aplicadas a la  economía, sino ante todo injusta al constatar, gracias al populismo, la vigencia de una cultura prebendal y clientelar  como nunca antes exacerbada. 


Erika Brokckmann Quiroga es politóloga.
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