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Erika Brockmann Quiroga
Desde el faro

Servicios públicos y tabúes tarifarios

Servicios públicos y tabúes tarifarios
En ocasión de una mesa redonda convocada a propósito de la crisis del servicio de agua en la sede de Gobierno y en otras ciudades del país, una experta confesaba que  la emblemática "guerra del agua”, producida en Cochabamba el año 2000, tuvo un efecto perverso en la dinámica  de los servicios públicos del país. Y es que desde entonces todo incremento de tarifas es una mala palabra, habiéndose instalado en el imaginario social y popular como un verdadero tema tabú, al que todo gobernante "políticamente correcto” debe eludir. Su anuncio desata las más virulentas manifestaciones y el pedido de subsidios estatales, tal como ocurre hoy ante la elevación de un 3% a las tarifas de servicio eléctrico.

 Las consecuencias perversas del incremento fallido e inadmisible que movilizó a los guerreros del agua están a la vista. Las empresas públicas son botín político clientelar o son prisioneras de sindicatos resistentes a todo cambio positivo. Los expertos reconocen que difícilmente la recaudación por concepto de pago de tarifas, congeladas hace muchísimos años en la mayor parte del país, no cubren  los costos de mantenimiento de la red de distribución de agua ni de otras partidas relativas a su funcionamiento.

 Con matices, esta realidad tocaría a otro tipo de servicios. Estas empresas se ven impedidas de invertir en la ampliación de su cobertura a usuarios carentes de servicios ni en la renovación de su equipamiento. Todas requieren de créditos blandos y del apoyo financiero del Gobierno central, acostumbrado a condicionar el mismo a lealtades políticas de sus ejecutivos o a hacerlo tardíamente, tras apostar  a mega proyectos las más de las veces improvisados,
sobredimensionados, de dudosa calidad pero que "deslumbran” como todo espejito colonizador. 
 

 Es cierto, los subsidios estatales son necesarios, especialmente para grandes inversiones. En tiempos neoliberales el subsidio era negado y resistido. Otra suerte de tabú a la inversa. Volviendo a la guerra del agua, que aún me persigue como un fantasma, recuerdo que el crédito para las megainversiones en reparación, reposición y ampliación de redes, requerido para distribuir las aguas prometidas por el ansiado proyecto múltiple de Misicuni, estaba condicionado a la inexistencia de subsidio público alguno y a la comprobación de su sostenimiento por los usuarios. 

 ¡Premisa neoliberal pura! 17 años después, Cochabamba comienza a recibir el flujo de agua del proyecto de marras sin contar con una red de distribución ni reparada y menos ampliada para garantizar cobertura universal.  Entre un extremo neoliberal y el otro populista generoso en subsidios, nos va como nos va. 

 Todo incremento tarifario es salvaje, injusto y neoliberal, es la premisa popular. Aunque ¡oh sorpresa! hace unos días, el vicepresidente Álvaro García informó que el 48% de los consumidores tienen el 25% de la subvención de la tarifa eléctrica. Que el incremento tarifario evitaría la "quiebra de la Empresa Nacional de Electricidad”. 

 Sentenció que quienes buscan que las empresas públicas sean deficitarias, tienen actitudes antipatrióticas, dando argumentos a favor de su privatización y que "debe garantizarse la sostenibilidad de las empresas públicas”. ¡Ojalá esa premisa fuera aplicada a todas las empresas hoy carentes de cuentas claras y de dudosa rentabilidad!

 La resistencia a todo incremento pareciera un reflejo automático, un ritual ineludible, asociado a dogmas colectivos prohijados por la demagogia gubernamental y por la urgencia de una nueva dirigencia de  visibilizarse y  catapultarse políticamente.

 Se proclamó que los servicios responden a la esfera de los derechos y que todo derecho debe ser gratuito gracias a un Estado benevolente, a los recursos de la madre naturaleza y a la voluntad divina. Ese discurso es engañoso, no contribuye a la construcción de una ciudadanía corresponsable hoy cobijada en la informalidad, reticente a pagar impuestos y a dar su parte para cubrir mínimamente servicios para colmo ineficientes. Así se alimenta el círculo vicioso de los males endémicos de nuestra comunidad. ¿No habrá llegado la hora de desmantelar tabúes extremos, de dialogar y provocar un súbito arranque de cordura y responsabilidad pública y ciudadana?
   

Erika Brockmann Quiroga es psicóloga, politóloga y fue parlamentaria.
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