Otras palabras

La pregunta del millón

jueves, 25 de agosto de 2016 · 00:00
Una constatación que emerge en los seminarios sobre Bolivia es la brecha que caracterizó el gobierno del MAS: por un lado, el discurso del Vivir Bien, de defensa de la madre tierra y de promoción de la economía comunitaria y campesina y, por otro lado, la estrategia efectivamente aplicada de profundización de sectores extractivos (agroindustria, hidrocarburos, minería y, ahora, hidroelectricidad). Las preguntas ineludibles son: ¿Cuándo la contradicción empezó a producirse? y, consecuentemente, ¿cuáles son las razones que explican esta brecha?

Dos hipótesis son formuladas. La primera es que la brecha empezó a abrirse alrededor del tercer año de gestión después de que el Gobierno hiciera el intento de seguir una vía alternativa de desarrollo, y que frente a la dinámica internacional y las presiones macroeconómicas, fue girando hacía la tradicional estrategia extractivista. La prueba estaría en las normativas aprobadas en concordancia con el Vivir Bien, la economía plural y los derechos de la madre tierra así como en medidas como la demarcación de los territorios indígenas. La conclusión es que el Gobierno tuvo la genuina intención de promover la diversificación productiva con base en la economía indígena, campesina y popular, en el marco de la seguridad con soberanía alimentaria en los primeros años. 

La segunda hipótesis es que la brecha ya estaba anunciada desde el primer día de gestión y que se fue desnudando a lo largo del proceso. La apropiación discursiva de las aspiraciones sociales por otro desarrollo respondió más a un cálculo político desde la cúpula del Gobierno, mientras que la estrategia económica centrada en la consolidación de los sectores de hidrocarburos, minería y agroindustria, ahora bajo el control o dirección del Estado, ya estaba delineada. 

La diversificación productiva se daría en una segunda etapa y seria conducida por el Estado a través de nuevas empresas públicas. La agricultura familiar campesina, las comunidades indígenas, las asociaciones de productores, el turismo comunitario y las industrias de pequeño porte nunca fueron vistos como actores económicos serios y con potencial para jugar un rol protagónico en la economía. 

Como prueba estaría el Plan Nacional de 2006 que identificó las actividades extractivas como el sector estratégico de la economía, mientras las actividades no extractivas recibieron el calificativo de sectores generadores de empleo. Una lectura que sólo reeditó la visión dualista de la economía ampliamente compartida en el país, tanto por la "derecha neoliberal” como por la "izquierda marxista”, según la cual los "verdaderos” actores económicos son la gran empresa privada o pública y que los "verdaderos” sectores motores del desarrollo son las actividades extractivas. Los primeros concebidos como los sujetos centrales de las políticas económicas y los segundos los sujetos principales de políticas sociales.

Según esta hipótesis, el MAS buscó manejar discursivamente ambos modelos de desarrollo, incompatibles entre sí, a través de amplios márgenes de ambigüedad y abstracción, respondiendo a los compromisos asumidos con sectores y actores. Efectivamente aprobó normativas afines al potencial transformador del Vivir Bien, promovió acciones como la delimitación de territorios indígenas y abrió espacios de discusión con proyección internacional sobre paradigmas alternativos de desarrollo. Pero todo esto en los márgenes de la estrategia económica y sin acciones integrales y consecuentes de gestión de políticas económicas. 

Con el transcurso del tiempo las incoherencias entre discurso y acción se fueron explicitando y las rupturas fueron inevitables: Se quebró el Pacto de Unidad, se fracturó el colectivo Comuna y, a partir del conflicto del TIPNIS el Gobierno fue sincerando su estrategia económica. Hoy, el Vicepresidente proyecta abiertamente que el extractivismo es la estrategia para los próximos veinte años caso el MAS siga en el poder.   

Yo me inclino por la segunda hipótesis por las evidencias que surgen del seguimiento de las políticas públicas. La importancia del debate alrededor de estas preguntas no es sólo académica, sino también política al abrir temas como el rol de las comunidades indígenas, las asociaciones económicas campesinas, la agricultura familiar y ecológica, el turismo comunitario y las industrias de pequeño porte en articulación con empresas privadas y públicas en los futuros proyectos políticos efectivamente orientadas a otro desarrollo, próspero y viable en armonía con los ecosistemas y en el marco de una economía plural.
 

Fernanda Wanderley es socióloga investigadora.
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