La falsa dicotomía: igualdad vs. libertad

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jueves, 26 de octubre de 2017 · 00:00
La Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en 2009 define un ordenamiento jurídico democrático que reconoce cinco generaciones de derechos. Además de derechos humanos fundamentales, derechos civiles, políticos y sociales de los individuos, están los derechos colectivos como el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y a la consulta previa, libre e informada sobre sus territorios, y los derechos relativos al medioambiente. 
 
Los derechos civiles garantizan la libertad de los individuos de ir y venir, el libre pensamiento y la libre expresión, la propiedad privada y contratos válidos, y el acceso a la justicia. Los derechos políticos garantizan la participación en la esfera pública, la libertad de elegir y ser elegido, y la asociación libre. Los derechos sociales incluyen el acceso a bienes y servicios con criterio de universalidad (agua, alimentación, educación, salud, vivienda, servicios básicos, seguridad social y trabajo digno). 
 
La Carta Magna conjuga dos significados de democracia –la formal y la substantiva-. La primera denominada democracia del pueblo pone énfasis en los procedimientos que garantizan la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, el respeto por los principios de la democracia republicana como la división de poderes, la alternancia en el poder y las libertades políticas.
 
 La segunda, conocida como la democracia para el pueblo, pone énfasis en la ampliación de la igualdad social y económica entre ciudadanos y, por lo tanto, en la obligación del Estado de garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos sociales por el conjunto de los y las ciudadanos (as). 
 
Dos tipos de igualdad son enunciados: la igualdad frente a la ley y el derecho a la igualdad. Por un lado está el principio de la aplicación de la ley sin privilegios o discriminaciones jurídicas para todos los ciudadanos (incluidos y principalmente los que están en funciones de gobierno). Por el otro lado está el principio de la construcción de una sociedad inclusiva a través de la disminución de las desigualdades de género, de clase y étnicas en el ejercicio de los derechos sociales y políticos.   
 
Si bien la CPE se alínea a las corrientes progresistas del constitucionalismo social que articulan los principios democráticos de libertad política y de igualdad social, el MAS se alínea a las corrientes conservadoras que creen que hay que elegir entre libertad o igualdad y, por esto, los recientes intentos insólitos de declarar inconstitucional la Constitución. 
 
El MAS defiende la vieja y falsa disyuntiva entre libertad o igualdad, y busca restringir la libertad política en nombre de la inclusión social o igualdad sustantiva.  Los ataques crecientes al derecho a las libertades civiles y políticas y a los principios de división de poderes y alternancia en el poder, tan importantes para la convivencia democrática, se justifican porque, según el gobierno, ellos son los únicos que garantizan las mejoras sociales y a la sensación de seguridad económica. 
 
El Gobierno no tiene el monopolio del logro de la igualdad. Existen muchos caminos para alcanzar y ampliar, de manera sostenible, las conquistas sociales. El extractivismo autoritario no es la única opción. Las conquistas sociales y económicas de los últimos años sólo son sostenibles con un cambio en el modelo de desarrollo económico que apunte a la diversificación productiva respetando el medio ambiente.  
 
La mayoría de la población boliviana ha elaborado y aprobado la CPE  y ha dicho NO al referendo por la reelección del Presidente por más de dos mandatos, entre tanto, el gobierno avanza, con artimañas, la concentración de los poderes, la permanencia indefinida del Presidente y el cercenamiento de las libertades civiles y políticas. Busca sacrificar la libertad en nombre de la igualdad. Esta es sin duda una trampa política en que la población no debe caer. 
 
Fernanda Wanderley es socióloga investigadora.

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