Otras palabras

#Es hora de debatir

jueves, 14 de septiembre de 2017 · 12:00:00 a.m.
¿Qué alternativas viables existen para superar el patrón de desarrollo extractivista depredador del medio ambiente?, ¿qué opciones existen para la generación de empleo de calidad y la garantía de acceso a la salud, educación y seguridad social universal? Estas preguntas son muy urgentes en el contexto actual con el fin del boom de los precios de las materias primas.

Hoy vivimos un momento de gran decepción con los resultados económicos y sociales estructurales después del inédito periodo de bonanza económica. Como escribió el economista Gonzalo     Chávez en Página Siete, Bolivia recibió en 11 años alrededor de 60.000 millones de dólares gracias al incremento de precios de gas natural y minerales que exporta el país. Monto similar a precios de hoy al que recibieron tres países –Francia, Inglaterra y Alemania- en la post guerra para reconstruir sus economías. Después de una década del Plan Marshal, estos países lograron volver a la senda del desarrollo social y económico. 

¿Qué pasó en Bolivia? Pese a los colosales ingresos entre 2005-2016, nuestra economía se ha reprimarizado y hoy somos hiperdependientes de la exportación de materias primas. Esto es grave.
 
No sólo no hemos aprovechado los recursos para avanzar en un proceso sostenido de transformación de nuestra estructura económica, como hemos retrocedido en términos de la diversificación productiva. Con el fin del hiperciclo de commodities, la economía da señales de agotamiento del modelo económico con los riesgos de desequilibrios macroeconómicos, retrocesos en la generación de empleo y cortes en las políticas y programas sociales.

En el periodo post bonanza, la propuesta gubernamental es la profundización del modelo extractivista con base en la explotación de hidrocarburos y minerales, la expansión de la frontera agrícola para la agroindustria y la generación de energía eléctrica con megaproyectos como el Chepete y El Bala. Los daños ambientales y la vulneración de derechos de esta propuesta son muy costosas, a saber: la vulneración de las áreas protegidas y de los derechos de los pueblos indígenas, la continuación de la contaminación de agua, suelo y aire, la aceleración de la deforestación y de la pérdida de biodiversidad con la desaparición de lagos, ríos, especies animales y vegetales. 

Como nos enseñan las experiencias de otros países, revertir la contaminación de agua y suelo es difícil y el costo prohibitivo.  Los efectos sobre la salud de la población son graves: la calidad de los alimentos que consumimos, del aire que respiramos y del agua que accedemos depende de la manutención de los ecosistemas. 

El discurso oficial afirma que el país no tiene alternativa económica para mejorar las condiciones de vida de bolivianos y bolivianas. Esto es, defiende que no hay nada que discutir porque solo nos queda la senda del crecimiento con base en actividades extractivas altamente depredadoras del medio ambiente.

Sin embargo, esta afirmación es cuestionable. Son muchos los argumentos y las evidencias de que sí existen alternativas viables de desarrollo con base en actividades que se sostienen sobre la biodiversidad y la reposición natural de los ecosistemas, la garantía de los derechos humanos y sociales, y la generación de empleo de calidad. Alternativas que además posibiliten la disminución de la dependencia de los ciclos económicos internacionales y, consecuentemente, promuevan la sostenibilidad de las políticas sociales, la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad. 

Cómo transitar hacia energías limpias, modelos sostenibles de gestión del agua y los bosques, la producción ecológica de alimentos, las cadenas productivas y de servicios con base en conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico son los temas en el centro del debate académico y político a nivel nacional e internacional.  El desafío ahora es multiplicar los espacios de debate y de propuestas sobre las alternativas deseables y viables de desarrollo económico con justicia social y sostenibilidad ambiental. 

Fernanda Wanderley es socióloga e investigadora.
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