Otras palabras

El deterioro del tejido social brasileño

jueves, 28 de septiembre de 2017 · 00:00
La última semana, Río de Janeiro ha vuelto a las noticias con el show Rock in Río. Sin embargo, fuera del escenario la ciudad maravillosa ha estado en guerra. Escuelas, puestos de salud y servicios se cerraron, y muchas familias no pudieron salir a trabajar o estudiar. El miedo y la inseguridad dominaron en medio a la perplejidad de la población frente al poderío del crimen organizado, el incremento de la violencia y la impotencia de un Estado en bancarrota y desmoralizado.

El 17 de septiembre, un grupo de criminosos del narcotráfico invadió una de las comunidades (favelas) más populosas de la ciudad, conocida como Rocinha, la cual cuenta con más de 70.000 personas y está localizada en un cerro en medio de los barrios más ricos de Río de Janeiro:  Leblon, San Conrado y Gavea. Las imágenes muestran más de 100 hombres fuertemente armados avanzando por las calles, tiroteos, policías escondiéndose y la población buscando abrigo.

La disputa entre grupos del tráfico de narcóticos por el control de territorios no es novedad en la ciudad maravillosa. Sin embargo, la sofisticación del armamento y la audacia de los narcotraficantes, tanto al interior de las comunidades como más allá de sus fronteras, fueron escalando a lo largo de los años. 

Los narcotraficantes controlan la fuerza física en las comunidades. Debido a la limitada presencia del Estado, la sumisión al orden establecido por el poder paralelo y criminal no es una opción para los vecinos de estos barrios. Padres y madres viven bajo la amenaza del ingreso de sus hijos al crimen y de la agresión sexual a sus hijas. Los casos de violación a adolescentes y jóvenes se acumulan y la impunidad campea.

Una de las expresiones más elocuentes de la audacia del crimen organizado ocurrió el año pasado, cuando un grupo de criminosos fuertemente armados ingresó a un hospital público en el centro de Río de Janeiro para rescatar a uno de ellos baleado y preso por la Policía. Operación realizada con éxito.  

  La inseguridad ciudadana se ha normalizado en las ciudades brasileñas. Los números de asaltos, violaciones y homicidios son alarmantes y empeoraron en los últimos años con el fin del boom económico, el aumento del desempleo y la crisis financiera del Estado. Los retrasos de pago de salarios de los servidores públicos, incluyendo la Policía, y los cortes en los gastos públicos ocurren en medio a los escándalos de corrupción que involucran el Presidente de la República, expresidentes, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos y la élite económica.   

 El deterioro del tejido social brasileño tomó proporciones inauditas, tanto por la extensión como por la gravedad del crimen organizado. El narcotráfico y la corrupción son las dos caras de una misma moneda, la cual alimenta la violencia y la pérdida de cohesión social. 

En el fondo del problema está la vergonzosa desigualdad entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre hombres y mujeres. Según datos de Oxfam, seis familias brasileñas concentran la misma riqueza que los 100 millones más pobres del país; esto es, la mitad de la población brasileña. El 0,1% más rico gana en un mes lo que el 23% más pobre llevaría 19 años para ganar en un trabajo honesto. 

En relación a la desigualdad de género y raza, las mujeres equipararán su renta en relación a los varones en 2047 y los negros en relación a los blancos solamente en 2089, si se mantiene la tendencia de los últimos 20 años. La desigualdad en el acceso a educación y salud de calidad es también significativa. 

 Pese a los avances sociales de los indicadores de pobreza y desigualdad en los últimos años, sus límites son evidentes. Los expertos alertan: no se resolverán los problemas de violencia sin la erradicación sostenible de la pobreza. Y, para esto, es imprescindible la implementación de mecanismos de redistribución de la riqueza para financiar servicios públicos de calidad, especialmente educación y salud, crear empleos y salarios decentes y, consecuentemente, disminuir las desigualdades en todos los niveles y generar cohesión social. 

Entre estos mecanismos redistributivos están el control de la corrupción público-privado (uno de los mecanismos de concentración de la riqueza) y la reforma del sistema tributario que hoy penaliza a los más pobres y actúa a favor de la concentración de la riqueza. 

La agenda pública para resolver los problemas estructurales es amplia y compleja. Las reformas políticas, sociales y económicas que requiere el país implican un nuevo pacto social con cambios profundos en la institucionalidad democrática y la implementación de controles efectivos del Estado por parte de la ciudadanía. 
 
Fernanda Wanderley  es socióloga investigadora.