Otras palabras

Nuevo escenario de debates sobre la sociedad que queremos

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jueves, 15 de febrero de 2018 · 00:07

La sociedad boliviana empieza 2018 en un escenario de movilizaciones sociales por la defensa de la democracia y la construcción de nuevos horizontes sociales y económicos. Este será un año de multiplicación de espacios de debates sobre el país que queremos y por el cual estamos dispuestos a luchar en las calles, y en las urnas. 


El desarrollo social justo y sostenible en términos socioeconómicos, de género, generacionales y étnicos pasa por el fortalecimiento del Estado de bienestar social con la incorporación del derecho social al cuidado.


En América Latina el debate sobre la organización social y económica de los cuidados, y el papel de las políticas públicas en esta materia está avanzando. El derecho al cuidado fue reconocido en el marco normativo internacional. Su incorporación en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible significó un paso fundamental en el marco de los acuerdos globales. 


El objetivo 5. “Alcanzar la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas” incluye el mandato de “reconocer y valorar el cuidado no remunerado y el trabajo doméstico”. La meta 5.4 establece la necesidad de los Estados “de proveer servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, bajo el enfoque de la corresponsabilidad del cuidado.” 


El derecho al cuidado reorienta la coordinación de las políticas sociales y económicas para el ejercicio efectivo de los derechos a la educación, salud, seguridad, y empleo en igualdad de oportunidades y, por lo tanto, plantea un cambio en el marco conceptual de las políticas para enfrentar integralmente los problemas de pobreza, violencia y desigualdad social. En otras palabras, el nombramiento del derecho al cuidado permite identificar las condiciones necesarias para viabilizar el acceso y el goce de los derechos sociales, y económicos. 


Las políticas públicas de cuidado abarcan un conjunto amplio de áreas de intervención a través de la coordinación entre el Estado, las organizaciones públicas no estatales, organizaciones privadas y las familias en todos los niveles territoriales para garantizar protección, y cuidado a las personas que lo requieren de forma intensiva y especializada. De esta manera, las políticas públicas de cuidado se intersectan con las políticas educativas, culturales, laborales, de salud, desarrollo productivo, desarrollo urbano y vivienda, entre otras. 


El concepto de cuidado articula los derechos de los que proveen cuidado y de los que reciben cuidado en la reconfiguración de las políticas de bienestar social en el siglo XXI bajo principios de solidaridad, justicia, cooperación y equidad. La noción de solidaridad parte del importante papel del Estado como garante de bienestar social a todos ciudadanos y ciudadanas, y es una noción que resurge como valor central en la constitución de nuevos ordenes sociales.


La política integral de cuidado tiene el potencial para prevenir un conjunto de problemas que vulneran los derechos de la infancia, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad y enfermos, y de las mujeres y hombres con responsabilidades familiares. 


En relación a la niñez y la adolescencia, las políticas integrales de cuidado pueden precautelar la exposición a actividades delictivas, y el consumo de drogas, el ingreso temprano en el mercado laboral en detrimento de la formación educativa, la inseguridad física y emocional, como la violencia sexual intra y extra-familiar, el embarazo adolescente, los problemas de salud debido a la permanencia de los niños, y adolescentes en espacios públicos inadecuados; menores niveles de rendimiento escolar debido a la alimentación deficitaria y carencia de apoyo, entre otros problemas sociales.


Pese a que el cuidado como derecho social se consolidó en el marco normativo internacional y la agenda regional, a nivel de los países es un proceso que recién está empezando. Todavía el trabajo de cuidado recae principalmente sobre las familias y, a su interior, sobre las mujeres, en contextos de escasas y fragmentadas políticas, programas y acciones. Situación que vulnera los derechos de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Todavía son muchos los desafíos en la construcción de políticas de cuidado integrales y sostenibles con programas, y servicios accesibles y de calidad en América Latina y, en específico, Bolivia.
 

Fernanda Wanderley es socióloga investigadora.

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