El presupuesto del populismo autoritario

domingo, 03 de diciembre de 2017 · 00:58

En cuanto el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) autorizaba la reelección ad eternum del Presidente Morales –echando por la borda la voluntad popular expresada en la votación de la nueva Constitución y el Referendo del 21 de febrero– el gobierno preparaba el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018, que básicamente está diseñado para consolidar el modelo económico vigente y iniciar el año electoral rumbo a las elecciones del 2019.

Como a lo largo de estos últimos 11 años, la economía se pone al servicio de la reproducción del poder.  En términos estructurales, se insiste en el nacional desarrollismo calcado en la agenda patriótica 2025 y, en el corto plazo, se repiten las políticas populistas de inversión y gasto público para sustentar la demanda interna y compensar, así,  el choque externo negativo.

 Según el PGN, el déficit público en 2018 será de 8,3% del Producto Interno Bruto (PIB), que mide toda la riqueza generada en un año por un país. Sin duda, uno de los más altos de América Latina, junto con Venezuela.

 Éste será el quinto año consecutivo en el cual la balanza del Gobierno está desequilibrada; es decir, que tanto los gastos como las inversiones serán mucho mayores que los ingresos del Estado. En 2014 el déficit público llegó a 3,4% del PIB, en 2015 subió a 6,9 %, en 2016 fue de 6,6%  y en el año que termina podría llegar a 7,8%. Como es fácil concluir: el hueco fiscal  cada vez está más grande.

 Esto se explica porque, por una parte, los ingresos del Gobierno han caído significativamente en los últimos años debido a la reducción de los ingresos tributarios que provenían de las exportaciones, sobre todo de los  hidrocarburos y en menor medida de los minerales. En 2016 las regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se contrajeron en un -43%. En 2017, la caída habría sido de - 23% y para  2018 se prevé que se crecerá en un 8%, a pesar de la leve recuperación de los ingresos, el déficit público sigue en aumento.

 Con la arbitraria habilitación de Morales al cuarto mandato, se acelerará la máquina del gasto e inversión. El Gobierno busca legitimidad económica para compensar el evidente desgaste político, para el ello apuesta a una vieja fórmula: el populismo gastador.    En efecto, en 2018 los gastos corrientes subirían  en un 2,1%. Por supuesto, el grueso de esto va a sueldos y jornales, que subirán en 7,6%.

El gasto corriente medido como porcentaje del PIB será muy elevado, un 56,7% del total. Además, el Gobierno continuará apostando, pesadamente, a la inversión pública: en 2018 ésta llegaría a 7.285 millones de dólares contra 7,163 del año pasado. Aquí dos apuntes: las dificultades de ejecución de la inversión pública del Gobierno central, que a noviembre del 2017 sólo había ejecutado el 38% de lo presupuestado, y la baja efectividad de la inversión pública.

 En efecto, desde 2013 la economía está desacelerada, cada vez crece menos a pesar que la inversión y gastos públicos suben más. Claramente estamos frente a un agotamiento estructural del modelo económico. Una peta no vuela aunque se le ponga gasolina de aviación.

 Frente al deterioro  externo, el Gobierno ha abrazado con más frenesí que inteligencia,  una especie de keynesianismo primario que cree ciegamente que la inversión pública abultada y el gasto estatal ampuloso son suficientes para compensar la caída de ingresos externos, y sostener la demanda agregada. De esta manera se mantiene un modelo nacional consumista artificial –que confunde gordura de consumo con músculo productivo–, perdiendo ahorros, muy difíciles de reponer, y endeudando a las futuras generaciones. Sin duda, este opción de política pública se profundizara con miras a reelegir a Morales el 2019, sacrificando la salud del Estado.

 Así mismo, la política fiscal expansiva es acompañada con un populismo cambiario que mantiene el tipo de cambio real apreciado, en una economía tremendamente abierta. Este hecho castiga las exportaciones, las hace menos competitivas y fomenta las importaciones legales e ilegales. Buena parte del efecto multiplicador del gasto o inversión pública se va a exterior, vía compras baratas de los vecinos y chinos. Resultado: se profundiza el déficit comercial que para ser compensado requiere ampliar la brecha fiscal. Así que los déficits gemelos (en cuenta corriente y fiscal) se retroalimentan.

En este contexto, un tema crucial es ¿cómo se financia un déficit público del 8,3% del PIB?.  El Gobierno ha optado por tres caminos. Primero, viene quemando las reservas internacionales (perdida de ahorro interno), a una razón promedio de 2.000 millones de dólares por año. En la actualidad éstas fluctúan en torno de 10 mil millones dólares y el Gobierno ha apelado hasta la contabilidad creativa (uso del Fondo de Protección al Ahorristas) para que éstas se mantenga estables. Aquí se busca señalizar expectativas de la gente.

 Segundo, el endeudamiento externo que ya llega al 24% del PIB. Apostar al incremento de la deuda externa para financiar el déficit es tornarse rehén del sistema financiero, en especial del crédito de proveedores chinos, y también  comprometer los ingresos de futuras generaciones.  Tercero, el camino es rezar al santo de las materias primas para que los precios vuelvan a subir. Una especie de plegarias fiscales. En suma, el año que viene el PGN seguirá su curso populista pero apoyando la cara autoritaria del Gobierno. Así, por ejemplo, el crecimiento económico, según el Gobierno será de 4,7%.  Después de lo ocurrido en el TCP, ¿alguien duda de que los datos no se pondrán al servicio de la revolución y, por lo tanto, se pague el segundo aguinaldo, por ejemplo? Corren las apuestas.

Gonzalo Chávez A. es economista.

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