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Guadalupe Peres Cajias

Balas por palabras

Balas por palabras
"El país está lleno de prejuicios, sometido a ellos. Han sido construidos con método, calculadamente, a mansalva y sobre seguro. Surgen de los miedos e intereses de los poderosos. Y avasallan, envuelven y destruyen. (...). Hay que ir más allá, el horizonte alumbra y llama. El tiempo de la sangre está siendo sepultado”. 
 
Las palabras de Alfredo Molano, sociólogo y especialista colombiano del conflicto armado, pronunciadas al recibir el Premio Vida y Obra "Simón Bolívar”, en noviembre del año pasado, son certeras y pertinentes. Más aún en esta semana, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP)  han iniciado la entrega de más de 7.000 armas, como parte del acuerdo de paz, firmado en 2016, con el Estado colombiano. 
 
Este acto representa la última frase de Molano, pero además tiene un valor fundamental, pues las FARC-EP fueron producto del contexto descrito, aunque luego llegaran a ser partícipes del mismo… hasta ahora, cuando la esperanza se materializa y se refleja en las palabras del presidente Juan Manuel Santos: "Hoy, 27 de junio es un día muy especial, un día que jamás olvidaremos: ¡el día en que las armas se cambiaron por palabras!” y en este contexto señaló que Colombia podrá ser "un país donde nunca más nos matemos por nuestras ideas”. 
 
 ¿Cuál es el valor de este acto y cuál es el reto que desprende para los colombianos? 
 
La paz y el diálogo son a priori condiciones ideales en cualquier contexto social. Sin embargo, éstas tienen una connotación particular en Colombia, donde la historia política ha estado atravesada por la violencia en sus múltiples formas de expresión. El ataque de campesinos en Marquetalia; el aniquilamiento de la Unión Patriótica (UP); y el permanente asesinato y desaparición de líderes sindicales y representantes de los Derechos Humanos son tres ilustraciones que retratan el silenciamiento de la diferencia y de la oposición, a través de la violencia. Cambiar esa condición es hoy el principal reto. 
 
El ataque de Marquetalia, en 1964, no sólo representó el inicio de las FARC-EP, sino una declaración del Estado colombiano para lidiar con voces disidentes, en ese entonces. Como advierte el historiador A. Alape (citado en Semana, 1999): "La clase política colombiana permitió una operación que (…) no construyó un discurso de paz, que era lo que se pretendía en ese momento”. Al contrario, al atacar a los campesinos, que tenían demandas sociales insatisfechas, incitaron la creación del mencionado grupo guerrillero y agudizaron el contexto político violento. 
 
 Esta forma de proceder, fortalecida por la emergencia de paramilitares y el ejercicio de la extrema derecha, tuvo una trágica consecuencia en el escenario colombiano, a finales de la década de los 80. Entonces, se exterminó a un partido político de tendencia izquierdista, casi en su totalidad. Tres mil asesinatos (incluidos a dos candidatos presidenciales) fueron producidos sistemáticamente para disolver a la "Unión Patriótica” (UP), establecida en 1986, como consecuencia del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur. La UP representaría las demandas sociales del grupo guerrillero, pero también de otros sectores marginados y a través del ejercicio democrático. No los dejaron, los aniquilaron. 
 
En ese contexto, ¿cómo tener una voz diferente y no sentirse amenazado? Una duda que ha sido justificada en años recientes, a través de la desaparición y asesinato de cientos de líderes sindicales y de representantes de los Derechos Humanos. Esto para A. Molano "es la continuación de los asesinatos de la UP” (2016).
 
En 2009, Colombia fue el país con mayor número de líderes sindicales asesinados, en el mundo. En 2016, hasta el undécimo mes, habían desaparecido 70 defensores de DDHH. Curiosamente, luego de haberse pactado el acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno actual colombiano.  
 
He aquí entonces el reto, ilustrado en el reclamo de  Timochenko a Santos, este 27 de junio, al advertir que "los asesinatos a dirigentes populares no se detienen”. Sin embargo, asumió el compromiso de no usar más las armas en la política, con la esperanza de que "la democracia colombiana abra generosa sus brazos a todas las fuerzas”. Y ésta deberá ser la búsqueda: cambiar las balas por las palabras y la pluralidad de voces políticas.   
 
Guadalupe Peres-Cajías es docente universitaria y especialista en investigación en comunicación. 
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