Visión internacional

El uso del agua, un derecho fundamental

viernes, 25 de noviembre de 2016 · 12:00:00 a.m.
La Constitución Política del Estado, gestada por el gobierno del MAS, se adscribe al constitucionalismo social de derecho corriente que reivindica los derechos humanos en todas sus expresiones, propugnando especialmente la concreción  de los derechos sociales y colectivos, sin que esto implique  menoscabar los derechos individuales. En ese  contexto,  el Estado se ha obligado constitucionalmente a materializar esos derechos, a través de políticas, planes y programas  gubernamentales. 

 El uso del agua, sin exclusión ni discriminación, está catalogado como un derecho fundamental y el texto constitucional abunda en el tema. Cito algunas disposiciones: El Capítulo de los Derechos Fundamentales proclama el uso del agua como un derecho del individuo y asigna  al Estado la obligación de  hacerlo efectivo. También preceptúa el derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable. Los artículos 348 y 349 distinguen al agua como un recurso natural estratégico de interés colectivo para el desarrollo del país y la obligación que tiene el Estado de promover su uso y acceso sobre la base de principios de equidad y sustentabilidad. Los artículos 373 al 375 hacen referencia a los recursos hídricos y atribuyen al Estado la conservación, protección, preservación, uso sustentable de las aguas fósiles y  glaciales, y el deber de desarrollar planes de uso, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas.

 La protección del medio ambiente es otro presupuesto cardinal en nuestra Constitución. En esa lógica, asigna derechos y responsabilidades al individuo y atribuye al Estado  la función primordial de preservar el medio ambiente. El texto Constitucional dispone sanciones para quienes atenten contra el medio ambiente. El artículo 34 faculta a las personas y a la colectividad a ejercitar acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente y a las  instituciones públicas lo propio.

En la misma  lógica, el artículo 345 atribuye responsabilidad por la ejecución de actividades que produzcan daños medioambientales, generando sanciones civiles, penales y administrativas por incumplimiento de las normas de protección al medio ambiente. El 346 declara que la conservación y aprovechamiento de los recursos hídricos en beneficio de la población es responsabilidad y atribución exclusiva del Estado. 

 El alcance de la Constitución es de férrea protección al  medio ambiente y  recalca la responsabilidad del Estado en dicho cometido. En esa línea, preceptúa la imprescriptibilidad de los delitos ambientales (artículo 347).

 Pero la obligación que tiene el Estado de proteger el  medio ambiente deviene  también de una serie de instrumentos internacionales ratificados por Bolivia, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, ratificada mediante ley del 27 de marzo de 1996, por la cual los Estados parte de dicha Convención se obligan a establecer estrategias y prioridades en el marco de sus planes  y políticas nacionales de desarrollo sostenible, a los efectos de luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía.  La misma línea sigue el Protocolo de Kyoto, que recomienda a los países que suscribieron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992, mitiguen el cambio climático a través del desarrollo limpio. 

 Esta sucinta referencia normativa  pone de manifiesto el derecho de los bolivianos a tener acceso al  agua, en condiciones normales y dignas. De la misma forma destaca la obligación que asume el Estado de materializar dicho derecho a través de políticas y programas, serios,  sostenidos y sustentables,  obligación que debe ser honrada   por  los gobernantes de turno. Sin embargo, la situación que vivimos hoy delata la ineficiencia e ineptitud de la administración actual,  que con dudosos proyectos  y ausencia de políticas, planes y proyectos en el tema,  ha contribuido a la erosión del medio ambiente, privándonos del derecho fundamental al normal uso del agua.  Es evidente que han violado la norma y se hacen pasibles de las  sanciones previstas constitucionalmente para este efecto.

 Resulta  paradójica la situación que estamos viviendo si tomamos en cuenta que hasta hace poco tiempo   el Gobierno pretendía mostrarse como un paladín en la defensa y protección del medio ambiente. Las imposturas sobre este tema ya empiezan a aflorar. A estas alturas,  nada es creíble.

Karen Longaric R. es profesora de Derecho Internacional en la Universidad Mayor de San Andrés.