Visión internacional

La OEA y la crisis venezolana

viernes, 28 de abril de 2017 · 12:00:00 a.m.
La OEA ha instituido órganos y mecanismos orientados a promover la solución pacífica de conflictos inter estatales y preservar la paz, y seguridad de la región.  

Dichos órganos tienen también facultades expresas  para  velar por la estabilidad del orden democrático y constitucional de los Estados que son parte del sistema interamericano, lo que de ningún modo puede interpretarse  como injerencia en los asuntos internos de los Estados. Para estos efectos se aprobó la Carta Democrática Interamericana (CDI) y otros instrumentos que comprometen a la OEA a adoptar medidas oportunas y efectivas en casos de ruptura de la institucionalidad democrática, y del estado de derecho de un país parte de la OEA. Este mandato no tiene carácter facultativo sino, más bien, obligatorio y por su naturaleza es también perentorio. 

La CDI consagra principios y normas emplazados a preservar la  institucionalidad democrática de los Estados de la región. Afirma que: "los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Determina que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales. 

Para evitar antojadizas interpretaciones, la CDI precisa cuáles son los elementos esenciales de la democracia representativa y cita: "el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos”. 

Destaca los  componentes que favorecen el pleno ejercicio de la democracia y la vigencia del estado de derecho. Y también advierte sobre factores nocivos que contribuyen a debilitar la institucionalidad democrática. Instituye mecanismos que deben ser activados en caso de alteración o ruptura del orden constitucional en un país miembro de la OEA. Ante situaciones de esa naturaleza, la Secretaría, el Consejo Permanente, la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y la Asamblea General deben aplicar gradualmente dichos mecanismos, conducentes a restablecer el estado de derecho quebrantado.

Es por esto que llama la atención por qué la OEA postergó tanto tiempo la aplicación de medidas sancionatorias contra el régimen venezolano, que recurrentemente vulneró el orden constitucional y democrático de ese país. Violó sistemáticamente los derechos humanos y libertades del pueblo venezolano y quebrantó el equilibrio de los poderes públicos, concentrando  potestades constitucionales en un solo poder, el Ejecutivo.

 Estas severas transgresiones ameritaban la aplicación oportuna de la Carta Democrática Interamericana, sin que ello significara necesariamente la expulsión de Venezuela de la OEA sino, más bien, la activación del diálogo diplomático y político sostenido, y persuasivo, con actores afines a Maduro pero con mayor comprensión de las limitaciones que el uso del poder, debe tener.

No obstante haber disminuido la influencia de los países del denominado socialismo del siglo XXI, en la OEA, y a pesar de la persistencia del Secretario General para promover soluciones oportunas a la crisis venezolana, la OEA, por mucho tiempo, mostró  signos de lenidad en este asunto.

Posiblemente, algunos países dudaron de confrontar abiertamente al régimen venezolano o incluso consideraron no prudente aplicar sanciones por ser un precedente que les pudiera ser desfavorable ante futuras eventualidades. Lo cierto es que la OEA no dimensionó la gravedad de la situación en Venezuela y se dio la solución por el desastre. 

El Gobierno ha anunciado el retiro de Venezuela de la OEA. Con tal decisión Maduro creerá tener licencia plena  para ejercer  el poder sin límites, ni censura internacional y menos interna. Tal situación obligará a la comunidad americana e internacional  a ejercer presión contra el gobierno de Maduro. Vendrá la ruptura de relaciones diplomáticas, la suspensión de Venezuela de los pocos organismos a los que aun pertenece, sanciones económicas, comerciales, bloqueos, etcétera. Dependiendo de cuánto tiempo  más se atrinchere Maduro en el poder, el escenario será cada vez más difícil y de mayor sufrimiento para el pueblo venezolano. 

Venezuela podría quedar aislada, situación que no se equiparará  siquiera a lo que vivió Cuba en la etapa más hostil del bloqueo americano. Es diferente, Cuba siempre gozó del apoyo moral y simpatía de muchos países e inicialmente tuvo respaldo económico de la ex URSS. 
A la Venezuela de Maduro le quedan pocos socios políticos.

Karen Longaric es profesora de Derecho Internacional en la Universidad Mayor de San Andrés.
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