Visión internacional

Venezuela en estado de indefensión

viernes, 26 de mayo de 2017 · 00:00
La crisis en Venezuela se prolonga indefinidamente. La población ha tomado las calles, invocando y exigiendo la convocatoria inmediata a elecciones nacionales que permitan al pueblo venezolano elegir libremente un gobierno que revierta la penosa situación en la que se encuentra.

No hay datos que cuantifiquen a cuánto asciende la población que cuestiona y rechaza al régimen de Nicolás Maduro. Es obvio que el nivel de represión que ejerce el gobierno inhibe al pueblo a manifestarse abiertamente y expresar su descontento  y frustración ante la vulneración flagrante de los derechos fundamentales y los derechos humanos en todas sus expresiones. La rebelión contra la dictadura de Nicolás Maduro se acrecienta día a día y son cada vez más los que combaten y resisten al régimen.

 Hay quienes señalan que Venezuela ya está envuelta en una guerra civil; otros le restan esa dimensión al conflicto, arguyendo que el enfrentamiento entre las fuerzas represivas del gobierno y la población civil no es sostenido, ni de magnitud para que el conflicto alcance la naturaleza de guerra civil. Sobre este particular, el derecho internacional identifica las características que distinguen a un conflicto armado interno para que éste se configure como guerra civil.

 Importantes tratadistas del derecho internacional, como Scelle, Lauterpacht y Verdross, analizan ampliamente el tema. Este último sostiene que "el estallido de una guerra civil es prueba de que el gobierno reconocido no expresa ya la voluntad de todo el Estado y sí sólo de una parte. Por eso, el trato exclusivo de los terceros Estados con el gobierno reconocido significa, en realidad, una intervención en los asuntos internos del Estado en cuestión”. 

La doctrina se refiere a la obligación de terceros Estados de permanecer neutrales en una guerra civil; en virtud a que "el sujeto de derecho internacional no es el gobierno reconocido de un Estado, sino el pueblo organizado en Estado. Como quiera que en circunstancias de guerra civil el pueblo está dividido, no puede el antiguo gobierno, cuestionado y repudiado, representar ya en su totalidad a éste  sujeto del derecho internacional”. 

 Desde esa lógica jurídica, si la mayoría del pueblo venezolano se ha rebelado contra el régimen de Nicolás Maduro, éste ya no representa legítimamente a Venezuela; es decir, ya no representa al pueblo venezolano organizado en Estado.  En esa línea, la comunidad internacional no puede seguir avalando a un gobierno que es rechazado por la mayoría del pueblo. El mantener relaciones diplomáticas en las circunstancias que se encuentra Venezuela, es apoyar al régimen de Maduro e incurrir en injerencia flagrante en los asuntos internos de ese país.

 Respecto al rol de la OEA, le competía a este organismo tomar acciones oportunas que pudieron evitar la dramática y  compleja situación que hoy afecta a Venezuela. Se pone en evidencia su ineficiencia  para mediar en situaciones críticas. De nada sirve su vasto patrimonio jurídico instituido para solucionar por la vía pacífica y democrática diversas controversias. Si de conflictos internos se trata, contribuir a restaurar el orden democrático y constitucional quebrantado, o coadyuvar a restablecer los elementos esenciales de la democracia representativa, cuando éstos han sido subvertidos y vulnerados. La perseverancia del secretario general, Luis Almagro, en procura de una solución  no tuvo repuesta. No hay duda, ha faltado voluntad política en los Estados miembros de la OEA para encarar con determinación y firmeza la solución de esta prolongada crisis. 

La expulsión de su seno es la sanción más dura que puede imponer la OEA a un Estado que ha violado la Carta Democrática Interamericana. Al parecer al gobierno de Maduro no le interesaba permanecer en la Organización de Estados Americanos y ante una inminente expulsión, se anticipó a anunciar el retiro de Venezuela. Con esto, el accionar de la organización en la crisis venezolana  ha quedado reducido, menguado. 

Sin embargo, queda como alternativa de presión, que los Estados de la región, en forma unilateral y soberana, adopten algunas medidas que aconseja el derecho internacional en estos casos. La ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno de Maduro podría precipitar la salida de éste y liberar al pueblo venezolano de esa prolongada agonía.

Karen Longaric es profesora de Derecho Internacional de la Universidad Mayor de San Andrés.