Visión internacional

El indulto a Fujimori y el derecho internacional

viernes, 05 de enero de 2018 · 00:05

Alberto Fujimori, que gobernó Perú de julio de 1990 a noviembre de 2000, fue sentenciado por los tribunales de justicia de ese país a 25 años de reclusión por la comisión del delito de  lesiones graves y homicidio calificado de nueve estudiantes y un profesor en el caso de La Cantuta, y 15 personas, incluyendo un niño, en el caso de Barrios Altos. La sentencia que pesa contra Fujimori  señala que dichos delitos constituyen crímenes contra la humanidad, según el Derecho Internacional Penal.


Emergente de esa condena Fujimori guardó reclusión carcelaria por 10 años, lapso en el cual, en distintas ocasiones, solicitó el beneficio del indulto, previsto en las leyes peruanas,  el cual le fue denegado  debido a que su estado de salud no configuraba los supuestos previstos por la ley.


El 24 de diciembre de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori el beneficio de indulto y la gracia presidencial por razones humanitarias.


Esta medida ha generado diversas reacciones. Parte de la población civil y diversos organismos de derechos humanos han criticado acremente la decisión presidencial, demandando su inmediata revocatoria. Pero también fue entusiastamente celebrada por algunos sectores políticos y por simpatizantes del fujimorismo.


El tema ha generado un intenso debate jurídico acerca de la legalidad de la medida adoptada por Kuczynski. Hay quienes aseveran que esta decisión es un franco retroceso en el anhelado desarrollo progresivo de los derechos humanos. Acusan al Presidente de violar flagrantemente los tratados internacionales de protección a los derechos humanos al haber instrumentado el indulto como un mecanismo de impunidad. 


Afirman que la magnitud de los delitos cometidos por Fujimori  hacen improcedente cualquier beneficio de carácter humanitario.


Otros señalan que el estado de salud de Fujimori reclama con absoluta legitimidad el beneficio del indulto y el derecho de gracia presidencial, medidas que extinguen las penas y los procesos que lo incriminan. Hay también quienes movidos por diversos intereses apoyan el indulto e invocan la reconciliación general en Perú, argumentando que la imprescriptibilidad de ciertos delitos debe tener límites. 


Indignados con el indulto y la gracia presidencial, los familiares de las víctimas anunciaron que demandarán su inconstitucionalidad. Asimismo, solicitaron una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que conoció  inicialmente  las denuncias por  los asesinatos ocurridos en La Cantuta y en Barrios Altos y por la violación de una amplia gama  de derechos consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica.


 Las organizaciones de derechos humanos también han censurado la decisión de Kuczynski tildándola de violatoria a los tratados internacionales que condenan los crímenes de Lesa Humanidad.


El indulto y la gracia presidencial son medidas que están reguladas en la legislación interna de muchos Estados y no están prohibidas ni limitadas por el derecho internacional. Sin embargo, esto no consiente a que la norma interna (generalmente manipulada al calor de intereses   políticos) menoscabe el noble propósito de la norma internacional que sanciona aquellos delitos que ofenden a la humanidad.


El indulto y la gracia presidencial están contemplados en el ordenamiento jurídico peruano, facultando al Presidente de ese país a exonerar de responsabilidad penal -bajo ciertos supuestos- a quienes hubiesen vulnerado bienes jurídicos protegidos por las leyes del Perú. Sin embargo, esos beneficios otorgados por la legislación interna no exoneran al delincuente que ha cometido delitos de lesa humanidad, genocidio, guerra o agresión, de su responsabilidad ante el derecho internacional, ni lo sustrae de la  jurisdicción penal internacional.


El tema amerita un amplio estudio  sobre el alcance de la norma internacional en esta materia y el derecho soberano que tienen los Estados de dictar su normativa interna, sin vulnerar ni  limitar el ordenamiento jurídico internacional  respectivo.

Karen Longaric R. es profesora de derecho internacional en la UMSA.

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