Continuidades y rupturas

Una highway ecológica

jueves, 16 de marzo de 2017 · 12:00:00 a.m.
Hace algunos días los asambleístas del MAS propusieron la modificación de la Ley 180 aprobada en octubre de 2011 que establece la intangibilidad del Parque Nacional Isiboro Sécure.  Dicha ley cortó abruptamente los planes del Gobierno de llevar adelante la construcción de la carretera Cochabamba-Beni y fue consecuencia  de la valerosa marcha de resistencia activa de las comunidades indígenas que fue abatida por la represión, pero  que finalmente llegó a la sede de Gobierno y logró la aprobación de una ley que proteja dicho territorio. 

 La iniciativa de modificación, como en muchas ocasiones,  aparece como una generosa respuesta de los asambleístas al clamor de los movimientos sociales  o de los propios pueblos indígenas que, según dicen, solicitan que se vuelva a tratar el tema en la Asamblea Legislativa Plurinacional y se levante la prohibición para dar continuidad a las obras de la mencionada carretera.

 El argumento de una de las asambleístas del partido de gobierno es que se construirá una "carretera ecológica”  que no afectará al medioambiente ni a la biodiversidad del área protegida (sic).  Y continua "los pueblos indígenas necesitan la carretera” y su obligación como representante nacional es velar por los intereses de los pueblos indígenas. Más allá del anécdota de estas declaraciones, se pone en evidencia la insistencia del Gobierno de retomar el proyecto de la carretera.

¿Qué características tendría que tener una carretera para cumplir con la condición ‘ecológica’?
 
Sobre todo si tomamos en cuenta que hace muy pocos años se agotaron todos los recursos técnicos y la imaginación de ciudadanos y profesionales para proponer  un trazo que no afecte el área protegida, sin resultados positivos. 

Han transcurrido cinco años desde el cierre táctico del conflicto del Tipnis, cuando la Asamblea Legislativa aprobó una ley de consulta específica -la Ley 222-, cuyo objetivo era lograr un acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y los pueblos indígena originario campesinos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré. Dicha consulta concluyó con resultados dudosos, pues mientras el Gobierno afirmó que las poblaciones indígenas aprobaban la construcción de la carretera, un informe simultáneo, realizado por una institución  de la sociedad civil, mostraba las debilidades de la consulta  y su insustentabilidad. Tan poco convincente sería el resultado de dicha consulta que el propio Gobierno  dejó pendiente el tema por espacio de cinco años.

Ya que hoy se reposiciona en el debate  se reabriría la oportunidad para realizar una verdadera consulta  a los pueblos indígenas que residen en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que ya no tendría un carácter previo, pero sí debería cumplir con los  requisitos establecidos en el Convenio 169 de la OIT y recogidos en  sus propios términos por la Constitución boliviana y que resulta pertinente recordar: la obligatoriedad de realizar una consulta previa a medidas legislativas o administrativas, debe realizarse de buena fe y concertada, mediante procedimientos apropiados  a través de sus instituciones representativas (vale decir sus organizaciones matrices), y cuya finalidad es lograr un acuerdo o consentimiento.

 No existe en el país una ley marco de consulta previa, sino  normativas parciales para la explotación hidrocarburífera y minera, cuya aplicación ha sido apresurada y puntual con el fin de viabilizar los  proyectos extractivistas del Gobierno. ¿Cuándo tendremos la oportunidad de aplicar la Constitución, respetar los derechos y profundizar la democracia? Seguimos esperando… 

María Teresa Zegada es socióloga y analista.