Agua de mote

El fallo fallido y la nueva minoría

viernes, 08 de diciembre de 2017 · 00:07

Ha querido la historia que fuera el último tramo de este año cuando confluyesen dos hechos políticos de consideración que, en mancuerna, han cambiado el escenario público drásticamente.


 Si a principios de gestión me hubieran dicho que algo así iba a ocurrir, sencillamente no lo hubiera tomado en cuenta. Pese a los pataleos de ahogado del régimen luego del referendo del 21-F y su catastrófico resultado para las intenciones de éste de forzar la candidatura del caudillo en las venideras elecciones generales, además de las varias vías aún más retorcidas para burlar la voluntad ciudadana expresada en la mencionada consulta, aquella por la que finalmente optó sólo puede ser analizada en el marco de un estado corporativo como el que el régimen ha diseñado para su permanencia en el poder.


El fallo del TCP es tan espurio como lo fueron los infames decreto-ley con los cuales se manejaban las sucesivas dictaduras para imponer su mano dura. Es evidente que el hipotético guardián de la Constitución está sometido a los designios de la “dictadura inédita” ejercida por el régimen. El propio aspirante a Supremo protector vitalicio se ha hecho mofa del sistema democrático, cuyo sostén es la separación de poderes. 


 Este olímpico desprecio por la institucionalidad democrática es, asimismo, la admisión más elocuente de que el TCP actuó para complacer a su jefazo al, primero, admitir y, luego, emitir el absurdo fallo respecto del recurso de inaplicabilidad urdido por operadores del entorno presidencial.


 ¿Qué puede ocurrir con este engendro una vez que la democracia sea restablecida? Pues lo mismo que ocurrió con los decretos-ley. Quedará sin efecto y archivado -junto con quienes lo tramaron-.


 Lo que de verdad lamento es que los tribunos salientes hubieran desperdiciado una singular oportunidad para irse con una pizca de decencia. Pero prefirieron hacerlo con la ignominia que los seguirá el resto de sus miserables vidas.


 Por otra parte, recuérdese que las “elecciones” judiciales estaban programadas para octubre, pero la falta de interés de profesionales probos para prestarse a la farsa devino en su postergación para acabar de llenar las postulaciones con los amigos de la casa azul. Total, que todo ocurrió en las últimas semanas de 2017.


 Contrariamente a la euforia que produjo al régimen el fallo fallido, el resultado del plebiscito del 3D ha sido su INRI. Los guarismos han puesto en evidencia a una nueva minoría que por mucho que se esfuerce –- gastos mediante y con todo el aparato estatal a su disposición- en mostrarse multitudinaria, en el mejor de los casos llega a un tercio de la población. Las caras de velorio de los jerarcas del régimen en su día D lo dicen todo.


 Saben ellos que no fue una encuesta a la que se puede descalificar como “tendenciosa” o “financiada por la derecha”. Es la emergencia de una conciencia democrática sin parangón durante los últimos 30 años, muy similar a la lucha por la conquista de la democracia iniciada a mediados de los setenta.


 Y la emergencia no es sólo cuantitativa; es también cualitativa. Dejando de lado los textos jocosos -algunos bastante subidos de tono- que la ciudadanía se tomó el tiempo de escribir en las papeletas del plebiscito, una abrumadora mayoría de ellos lleva un mensaje claro de hastío contra dictadura de Morales Ayma. Queda claro, también, que el régimen -de dientes para afuera- no se da por aludido.


 Ciertamente, los dos hechos expuestos van en sentidos opuestos. Todo lo que el régimen digita corporativamente le resulta favorable a sus intereses, pero las veces que a la ciudadanía le toca expresarse en las urnas el rechazo es creciente -por segundo año consecutivo-.


 La presidenta del TSE ha planteado un conflicto de poderes que debilita el fallo del TCP y lo llama a ajustarse a la Constitución, y a la calidad de vinculante del resultado del 21F.

Puka Reyesvilla es docente universitario.

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