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Rafael Puente
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Democracia real y servicios básicos

Democracia real y servicios básicos
Se puede decir que el país entero se ha movilizado en contra del incremento del precio de los servicios eléctricos, en muchos casos con el argumento de que un 3% teórico se convierte en la práctica en un incremento mucho mayor, ya que detrás de otra serie de precios y productos está el uso de energía eléctrica. Resulta, por tanto, una medida que afecta los intereses del conjunto de la población y que, como siempre, afecta más gravemente a las familias de bajos ingresos (que, por supuesto, siguen siendo la mayoría).

Pero no parece que el tema de fondo sea el del porcentaje ni el de la justificación técnico-financiera de la subida de precios. El tema de fondo es que los servicios básicos en general —entre ellos, por supuesto, el de la electricidad— son un componente fundamental de un Estado y una sociedad realmente democráticos. Porque si son "básicos” se entiende que son imprescindibles (el agua el que más, pero no el único). Y se supone que el nuevo Estado Plurinacional es un Estado que pone las necesidades básicas por encima de cualquier cálculo de rentabilidad.

 Cierto que en los últimos diez años los servicios de electricidad se han extendido considerablemente y cierto, también, que la producción de energía eléctrica también se ha incrementado (la última buena noticia es que en agosto empezará a funcionar la hidroeléctrica de Misicuni, bajo administración de ENDE-Corani); ambas son buenas noticias. La mala es que ahora aparezca nuestro Estado Plurinacional calculando los precios del servicio eléctrico a partir de datos de rentabilidad y de ganancia para las empresas estatales. De hecho, al hacerlo se está contradiciendo uno de los principios básicos del nuevo Estado y se está provocando un malestar social, que por primera vez en 11 años nos recuerda tiempos que creíamos superados…

 ¿No perciben las autoridades de Gobierno, al menos las responsables del tema, que están fomentando un incremento del descontento social y que factores como éste vienen a reforzar el desprestigio del MAS y sus perspectivas electorales? ¿No resulta profundamente contradictorio que nuestra Estado gaste fortunas en la construcción de palacios y de infraestructura deportiva para eventos internacionales, unos y otra a beneficio de insignificantes minorías, mientras no puede financiar —y si fuera necesario, subvencionar— los servicios básicos para el conjunto de la población?

 No se entiende. La re-nacionalización de la electricidad —que había sido prácticamente regalada a transnacionales por los agentes "capitalizadores” neoliberales, definitivamente de triste memoria— no puede degenerar en una administración meramente empresarial de dicho rubro, ¡con olvido de su función social!

 Y conste que no me estoy metiendo con las megarepresas hidroeléctricas (a costa de ir matando a la Madre Tierra) porque constituyen otro problema, y porque no quiero que me inventen un proceso como el que le están inventando a Pablo Solón… Sólo intento sacar consecuencias de nuestra Constitución vigente, concretamente de su Artículo 20, cuyo inciso I habla del derecho al acceso y universal y equitativo a servicios de electricidad; y cuyo inciso II afirma que la provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, accesibilidad, tarifas equitativas y cobertura necesaria.

Una vez establecidos estos principios constitucionales, no debería hacer falta ninguna movilización social para que nuestro Gobierno los cumpla; y de paso ahorraríamos dinero, ya que toda movilización social implica perjuicios económicos  para quienes se movilizan y para quienes se ven inmovilizados… Amén.

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.
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