Vamos a andar

Código Penal y Conade

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viernes, 12 de enero de 2018 · 00:05

Cuando por fin se llega a un acuerdo con el Colegio Médico y por lo menos ese sector promete volver a la normalidad, la Ministra de Salud reaparece para complicar nuevamente las cosas, ratificando las sanciones que, según dicho Colegio, se había acordado suprimir… 


¿Quién coordina estos temas en el gabinete? Primera pregunta inevitable, pero a continuación aparecen otras, ya que otra serie de instancias/organizaciones/instituciones refuerzan su movilización exigiendo la abrogación, no sólo de dos artículos, sino de todo el Código, hasta el extremo de que se reconstruye el Conade (¡Comité Nacional de Defensa de la Democracia, creado en aquel inolvidable 1980!), y nada menos que con la participación de la Asamblea de Derechos Humanos, de la Central Obrera Boliviana, de la Universidad de San Andrés…


En principio, lo del Conade resulta exagerado, porque si nos atenemos a los hechos no podemos afirmar que vivamos en una dictadura (al menos para quienes hemos tenido que soportar las de Bánzer y García Meza); pero más allá del concepto de dictadura, los sujetos institucionales que hablaron a nombre del Conade afirman que en dicho Código hay varios artículos que amenazan el derecho a la protesta social, que la criminalizan  y hasta abren la posibilidad de anulación de las personalidades jurídicas de las organizaciones sociales. 


Por tanto, por lo menos hay que hablar de autoritarismo, de debilitamiento de la democracia, de supresión de todo tipo de participación (¡incluso se desconoció los resultados de un referendo!), y no es de extrañar que más allá del conflicto con los médicos se mantenga una situación de conflicto social que nos está amargando a todos –también al Gobierno– y que en este momento tiene como nudo central ese Código Penal.


Cierto que un cuerpo legal con 681 artículos (sin contar disposiciones adicionales y otras) no es fácil de analizar por parte de un ciudadano o ciudadana cualquiera; y de entrada podemos aceptar que muchos artículos de dicho Código pueden ser interesantes, e incluso positivos. Pero lo que a estas alturas resulta indiscutible es que son también muchos los artículos que lesionan derechos democráticos elementales; de hecho lo sienten así las organizaciones de comerciantes y de transportistas, las organizaciones no gubernamentales, sindicatos obreros (y todos los que en este momento se están manifestando).


Un pequeño e increíble botón de muestra: el Artículo 88 de dicho Código se refiere a la “trata de personas”, un delito que sin lugar a dudas merece todas las sanciones y, de hecho, casi todos sus incisos anotan formas de trata que ameritan desde 7 hasta 12 años de prisión (explotación laboral, trabajo forzoso, explotación sexual, embarazo forzado, turismo pornográfico, venta de seres humanos, tráfico de órganos o tejidos humanos, reducción a esclavitud, etcétera). Pero increíblemente el Inciso 11 de dicho artículo incorpora el supuesto delito de ¡“reclutamiento de personas para su participación en organizaciones religiosas o de culto”!


¿Es concebible que en este Estado Plurinacional y además laico (aunque nuestras autoridades no se cansan de participar en actos del tradicional culto católico), se considere un delito con pena de cárcel el reclutamiento de personas para su participación en organizaciones religiosas? Es posible que quien redactó ese inciso quisiera decir otra cosa (evidentemente hay casos de utilización de sentimientos religiosos para trata o tráfico), pero la frase que figura en el texto aprobado del Código es la que acabamos de citar, y es incomprensiblemente antidemocrática.


Y si fue un error de redacción, que amerita de por sí la anulación de un documento que se discutió durante meses, (y por tanto se pudo hacer bien) aún así comporta un tamaño “error”…


Pero éste es sólo un botón de muestra. Mucha más atención merecen las reclamaciones de las organizaciones e instituciones que ahora se están movilizando. ¿No lo creen así, compañeros y compañeras del Gobierno?

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.

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