La escaramuza

Orden de leyes o Estado de Derecho

martes, 28 de junio de 2016 · 12:00:00 a.m.
El año 1958, el doctor Guillermo Bedregal, alto dirigente movimientista, defendía el proceso iniciado seis años antes frente a un enardecido auditorio universitario en la ciudad de La Paz. La exposición, sin duda brillante, fue luego publicada bajo el título de "La ruta histórica de la Revolución Nacional”. Se trata de una defensa de los postulados del régimen movimientista en un momento en el que el poderoso impulso hegemónico del MNR mostraba los primeros signos de desgaste. 

 El documento en cuestión tiene la virtud de hacer explícitos los fundamentos ideológicos del vigoroso partido, entonces gobernante, y dar respuestas brillantemente elaboradas por el que a la sazón era secretario general de la Presidencia de la República. 

 La diferencia que el alto funcionario estableció en torno al Estado de Derecho y la vigencia de la ley es, de alguna manera, un recurso ideológico ampliamente utilizado en la actualidad. Bedregal decía, en defensa del régimen del que era parte, que la vigencia de un Estado de Derecho era incuestionable en la medida en que la Revolución había fundado un Estado y al hacerlo instituyó un orden jurídico verdadero, y real, traducido en la legitimidad que le otorgaban las nuevas características del proceso histórico y el apoyo popular. La legalidad feudal que habían manejado los regímenes liberales, derrotados el 52, sólo constituía "un orden de leyes” que, de ninguna manera, creaba un Estado de Derecho;  éste sólo podía apreciarse como un ordenamiento legitimado por el pueblo en el ejercicio de los derechos que le daba la Revolución.

De lo que en verdad se trataba era de encontrar un argumento ideológico que neutralizara la reacción de la sociedad civil ante los desmanes y abusos que el MNR había cometido en nombre de la Revolución. Oficialmente, el Estado de Derecho se entendía como la legitimación de los atropellos que por entonces realizaba el Gobierno.

 Protestar contra ellos suponía imaginar el ordenamiento jurídico en los mismos términos en que la oligarquía minero feudal lo había hecho desde la fundación de la República y que, en última instancia, sólo era un corpus legal que podía calificarse como "un orden de leyes” que  normaban teóricamente todo, pero que no se aplica a nada. Defenderlos convertía al defensor en un fósil de la derecha reaccionaria y retrógrada.  

 El Estado de Derecho que defendía Bedregal se sostenía, en cambio, en la tesis según la cual  lo que se hacía, así violentara todos los derechos ciudadanos, era legítimo y aceptable en la medida en que expresaba una voluntad popular nacida de las entrañas mismas de la Revolución, y como la Revolución encarnaba al "pueblo” eran per sé incuestionables.

 En realidad, lo que estaba pasando era que el impulso revolucionario que dio curso a toda una infinidad de violaciones de los derechos ciudadanos y los derechos humanos se había debilitado al punto de que el ordenamiento jurídico que los propios emenerristas instituyeron se volcó contra ellos. La apelación a la existencia de una legalidad emanada del "pueblo” no se expresaba como Estado de Derecho y cualquier artificio del lenguaje sólo ponía en evidencia la inutilidad del discurso oficial. 

El "orden de leyes” que descalificaba el lúcido intelectual movimientista no era en realidad un compendio de normas expresamente elaboradas para violentar los derechos de la ciudadanía, aunque tenía, sin duda, disposiciones anacrónicas y propias de una sociedad feudal, en su conjunto, respondían al espíritu liberal que tanto militantes del Partido Liberal como del Republicano (y otros) habían aprendido en la vieja Europa y que el MNR  las utilizó a su favor, sin cuestionar para nada si hacían o no Estado de Derecho. 

 Resultó que eran revolucionarias cuando le convenía y contrarrevolucionarias cuando le resultaban incómodas. En los hechos esas leyes fueron una litografía de los ordenamientos burgueses que se impusieron luego de la Revolución francesa y se instalaron como la base jurídica del liberalismo, que, dicho sea de paso, son propios de la modernidad occidental vigente hasta nuestros días. 

En 1982, una vez reconquistada la democracia, la noción de "orden de leyes” quedó en el olvido y el "pueblo” restituyó el Estado de Derecho sin artificios lingüísticos de por medio. Lo que -ex post- dejó en claro este debate es que por mucho esfuerzo y calidad intelectual que posean los argumentos falsos, éstos se vuelcan irremediablemente contra sus artífices.
 
Renzo Abruzzese A. es sociólogo.