Entre ceja y ceja

El (ab)uso de la política en la justicia

miércoles, 06 de septiembre de 2017 · 12:00:00 a.m.
Los regímenes autoritarios no admiten la existencia de presos y perseguidos políticos o de conciencia. Siempre hostigan a sus ciudadanos con acusaciones de tipo penal y / o civil para revestir de un barniz "legal” a sus abusos. En la antigua Unión Soviética, en la Alemania nazi, la Italia fascista o la España franquista no había víctimas políticas, siempre se trataba de "delincuentes comunes”. Hoy sucede lo mismo en Cuba, Venezuela y Nicaragua. La disidencia no es admitida como una expresión natural de la diversidad democrática, sino que es estigmatizada y penalizada con subterfugios leguleyescos. Discrepar en ideas y ejercer el derecho a proceder políticamente de una manera diferente a la oficial es un delito.

Esta práctica indeseable de utilizar el aparato judicial para reprimir políticamente no es, lamentablemente, monopolio de dictadores y tiranos; también se la utiliza en democracia y es uno de los indicadores más importantes de la salud de la misma. En menor medida que en las dictaduras francas, con mucho más cosmética y recaudos, algunos gobiernos democráticos usan la justicia para mantener a raya a sus rivales políticos. La judicialización de la política, ni duda cabe, es uno de los males recurrentes y persistentes que debe enfrentar cotidianamente la democracia contemporánea.

En nuestro país, desde siempre, se ha utilizado a la justicia para premiar y castigar a los políticos.
 
En épocas dictatoriales de manera grosera y pueril y en democracia, guardando más o menos las formas. El Poder Judicial en Bolivia nunca fue independiente y siempre estuvo subordinado al poder político. Esta es una malformación estructural de nuestra institucionalidad que provoca que en nuestro país no se consolide el Estado de derecho y campé la inseguridad jurídica.

De allí que todos en Bolivia sepamos, desde hace décadas, que una de las asignaturas pendientes de nuestra institucionalidad democrática es lograr la independencia de la Justicia en relación con el poder político. Al respecto, de rato en rato, se ensayan fórmulas, a cuál más "novedosa”, la última de ellas el demencial experimento de la elección popular de los altos magistrados del país. Los resultados fueron catastróficos y hoy la justicia en Bolivia es una verdadera tragedia para aquellos que la padecen de una u otra manera. Pero como decía Einstein, la estupidez no conoce límites, y nos aprestamos a repetir el ejercicio de votar por jueces, esta vez ya no como tragedia, sino como comedia.

La más reciente perla de esta justicia subordinada al poder político fue la canallada de involucrar al expresidente Carlos Mesa en la sentencia sobre el tristemente célebre caso de los "misiles chinos”.
 
En el párrafo final de dicha sentencia se remiten obrados al Ministerio Público para que investigue dos decretos supremos del gobierno de Mesa, con la sibilina mala intención de implicar que esos instrumentos jurídicos habrían, de alguna manera, permitido la entrega de los famosos misiles. Es decir, un despropósito monumental sin pies ni cabeza (ya que los dos decretos se refieren al acceso a la libre información) que obviamente sólo tenía la gris intencionalidad de cumplir alguna instrucción de "involucrar como sea” a Carlos Mesa, hoy por hoy, blanco preferido de los ataques y descalificaciones del poder político oficial.

En esta misma línea se anuncia hace semanas la inminente entrega de un informe de investigación sobre los procesos de privatización y capitalización que sucedieron en el país hace 30 y 20 años respectivamente. Por lo que se dice, el informe concluirá con decenas de proposiciones acusatorias para multitud de juicios contra personalidades que tienen en común su oposición política al actual gobierno. Es decir, más de lo mismo, judicialización de la política al grado extremo.
 
Persecución de los opositores con fiscales y jueces, cacería de brujas debajo de discursos grandilocuentes, retóricos, aburridos que ya nadie cree. Damos vueltas en redondo, mientras el país sigue tan sólo en su agonía.

Ricardo Paz Ballivián es sociólogo.
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