Atando cabos

La libertad sindical: la piedra en el zapato

martes, 14 de noviembre de 2017 · 12:00:00 a.m.
Para todos los gobiernos la libertad sindical, contemplada en nuestra legislación laboral y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Bolivia en enero de 1965, es una piedra en el zapato. Sin embargo, algunos gobiernos la respetan, otros tratan de violentarla, esquivarla o hacerse de la vista gorda.

 La libertad sindical (LS) es un principio de la OIT. Según el Convenio 87 de la OIT relativa la libertad sindical  se dice que "los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas”. 

 La LS para la OIT  "es parte integral de una sociedad libre y abierta y ha desempeñado un papel importante en la transformación democrática de sus países”. En el país la libertad sindical está inserta en la Constitución Política del Estado, en el artículo 51. Los trabajadores bolivianos organizados en sindicatos permanentemente denuncian, en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que en el país se viola la libertad sindical. La primera denuncia presentada fue en 1950 y la realizó la Federación de Mineros (FSTMB).  Desde esa época a la fecha hay múltiples denuncias de esta naturaleza que el Estado boliviano no ha logrado solucionar. 

 Sin ir más lejos, este año, el 2017, se presentaron dos quejas. El único periodo que está libre de investigación dentro la OIT es el que corresponde a la presidencia de Carlos Mesa, quien tenía  motivos de sobra. 

 El respeto al derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos y que el Estado haga cumplir la legislación depende mucho de la vocación democrática y del respeto a los derechos humanos de los que coyunturalmente están al frente de las instituciones que definen la política laboral del país.
 
Durante el gobierno de ciudadanos, el presidente dio muestras inocultables de su disposición de respeto a la ley, la democracia y de los derechos humanos. Precisamente eso es lo que le diferencia de los gobiernos anteriores y posteriores.

 Algunos gobernantes piensan que cumplir con este principio significa aprobar más leyes de protección al sindicato o ratificar más convenios de la OIT, pero no es así. Durante el gobierno de ciudadanos lo que se hizo fue hacer cumplir la normativa vigente y nada más. Ya contamos con un exceso de normas que no se cumplen.

Las organizaciones sindicales no tuvieron motivo de queja respecto al reconocimiento de las directivas electas en sus asambleas y congresos. Es más, ningún dirigente sindical fue perseguido o cuestionado por su militancia política. Todos eran iguales en el Ministerio de Trabajo.  El sindicalismo, para el gobierno de ciudadanos, era cosa de los trabajadores y de su dirigencia.
 
Tampoco en esa época se intentó interferir en los congresos, ya sea de la COB o de las federaciones o confederaciones de trabajadores a partir de la distribución de canonjías. 

 Creo que los trabajadores debatieron libremente y sin temor al Estado los problemas de los trabajadores o la percepción que ellos tienen de la política y la economía del país. Tampoco entre octubre de 2003 a junio de 2005 se buscó cooptar a las organizaciones sindicales a través de la dotación de infraestructura u otros donativos para su funcionamiento. Sencillamente las organizaciones sindicales, así como cualquier ciudadano, eran libres de pensar y actuar.

Lo que se hizo en esta época fue negociar pliegos petitorios con la COB y otras organizaciones sindicales (federaciones y confederaciones) para encontrar de esa forma soluciones a las necesidades de los trabajadores.

De esta forma, el gobierno de ciudadanos convivió con las organizaciones sindicales, a pesar de que también eran una piedra en el zapato, de manera democrática.

Rodolfo Eróstegui T. es experto  en temas laborales.