Atando cabos

¿A quién protege la Ley del Trabajo?

martes, 26 de diciembre de 2017 · 00:06

Desde el Gobierno y los sindicatos se habla mucho de la necesidad de ampliar la protección  jurídica a los trabajadores debido a las malas prácticas laborales de los empleadores. Por otro lado, se piensa que todos los trabajadores bolivianos están resguardados por la Ley General del Trabajo. Creo que ni lo uno ni lo otro corresponde a la realidad.


 Considero que existen empleadores de grandes empresas que tienen comportamientos inadecuados y escamotean los derechos sociales, y económicos de sus trabajadores. Pero son los menos. En la mayoría de las empresas grandes, los trabajadores gozan de protección sindical y las gerencias son profesionales, y procuran cumplir con lo que establecen las normas laborales. 


 En estos centros encontramos lo que se denomina trabajo digno. A la inversa de lo que ocurre en las grandes firmas; en las pequeñas y las microsempresas son muy pocas en las que se respeta la legislación laboral; en la mayoría no se practica relaciones laborales enmarcadas en la norma. Esto ocurre porque la legislación laboral está pensada en las grandes empresas y, por lo tanto, a estos segmentos pequeños les genera distorsiones, principalmente de  costos y de productividad. Tienen malas prácticas no porque son seres despóticos o trogloditas, simplemente no cumplen porque no pueden  o no conocen las leyes.


 Respecto a cuántos trabajadores son los que están cubiertos por el manto de la legislación laboral, podemos decir, basados en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que la población económicamente activa está integrada por 4.739.203 de personas y sólo el 40%, es decir 1.895.681 es asalariada. 


 La población protegida por la Ley General del Trabajo (LGT) llega a 473.920 personas, que corresponden al 25%, pues una gran parte de los asalariados están constituidos por los maestros, que tienen un régimen laboral particular, mientras que 450 mil son funcionarios  públicos con un régimen laboral enmarcado en el Estatuto del Funcionario Público. 


  Lo que no dicen estas cifras es que 2.843.521 personas están vinculadas al sector informal o son trabajadores por cuenta propia, propietarios de empresas en todos los segmentos, pero mayoritariamente compuestas por micro o pequeños centros de trabajo y también por desempleados, que corresponden a un 5%; es decir  de 236.960 personas. Estas personas no tienen garantizada la atención en salud y tampoco gozan con efectividad de un régimen jubilatorio. 


 No tienen un régimen de protección laboral y muchos  son chantajeados, tanto por autoridades de ediles, de impuestos, etcétera, pero también por sus propios dirigentes, que los amenazan con intervenciones a sus negocios o centros de trabajo.


 Por otro lado, el 25% de los trabajadores que gozan tanto de la protección de la seguridad social de corto y largo plazo, así como de la Ley General del Trabajo, es un número tan reducido pero de importancia crucial para el país, debido a que están insertos en sectores claves de la economía: minería, petróleo, industria, construcción, servicios bancarios, etcétera.  Además, estos sectores cuentan con organizaciones sindicales muy bien estructuradas y con influencia en organizaciones sindicales internacionales, así como en la Organización Internacional del Trabajo.


 El otro grupo de trabajadores, que está compuesto por trabajadores con dependencia económica del Estado en todos sus niveles (central, departamental y municipal), tiene protección de la seguridad social de corto y largo plazo, pero no cuenta con estabilidad laboral (exceptuando a los maestros), no cuenta con organización sindical y no puede defender sus derechos mediante una  declaración de huelga.


 De esta pequeña reflexión se puede percibir algunos retos que tiene el Ministerio de Trabajo. Uno es comenzar a pensar la legislación laboral a partir de la estructura de las empresas bolivianas, es decir, de las pequeñas. De esta forma se puede viabilizar la aplicación de la normativa laboral. Dos, comenzar una profunda reflexión para migrar a trabajadores que tienen su relación laboral con base en otras normas hacia la Ley General del Trabajo. 

Rodolfo Eróstegui T. es experto en temas laborales.

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