En riesgo de extinción

¿Y la deuda de casi 500 millones?

martes, 05 de julio de 2016 · 12:00:00 a.m.
Me refiero a los 481 millones de bolivianos o 69 millones de dólares al cambio vigente que, se afirma oficialmente, sería el monto usado para adquirir Ametex y crear Enatex, "porque implicaba un tema social”, en palabras del Vicepresidente. Tal explicación es sencillamente increíble porque conocemos decenas de situaciones en las que los temas sociales no derritieron el corazón de la burocracia gobernante, que suele enviar, más bien, a tropas de gendarmes para hacer salir a la carrera, y bastante magullados, a quienes buscan esa veta de sensibilidad social oficial.

Los antecedentes dejan ver que no fue un arranque de compasión, ni de solidaridad lo que impulsó a que se gasten recursos de todos para postergar, por cuatro años, el inminente desempleo de 2.000 trabajadores. Pero sí la razón para adquirir una empresa que estaba irremisiblemente quebrada, no fue que se trataba de "un tema social”, tampoco es verosímil que la decisión de cerrar Enatex se deba a un súbito ataque, esta vez, de racionalidad económica. 

Lo anterior obliga a dudar del último compromiso gubernamental respecto a que la inversión de los 500 millones podrá pagarse con el funcionamiento de la compañía a erigirse sobre las ruinas de la anterior, del mismo modo que el "nuevo” Fondo campesino no subsanará ni la quiebra, ni los desfalcos del anterior. 

Se ha anunciado que la fábrica con nuevo nombre, sucesora de las dos quebradas previamente, Senatex, trabajará solamente cuando exista demanda (mercado) porque –dice, una vez más el Vice- "necesitamos garantizar rentabilidad y sostenibilidad” debido a que "un Estado revolucionario no puede tener empresas públicas deficitarias, porque ése es el retorno de la derecha”. La vehemencia de las expresiones del segundo en el mando de la conducción política no suaviza el hecho de que es necesario restituir los millones gastados en una aventura disfrazada con retórica revolucionaria.

Con ese capital era posible atender la necesidad de no enviar a la calle a 2.000 trabajadores y crear nuevos empleos, sí, en vez de insistir en exportar textiles a un mercado mundial que, ayer y hoy, es tan salvajemente competitivo que deja un margen demasiado estrecho para que nuestro país rivalice con otros que nos aventajan sideralmente en avance tecnológico, infraestructura productiva y productividad. 

En tales condiciones, la oportunidad abierta con la rebaja de aranceles estadounidenses, a cambio de seguir erradicando coca, tampoco ofrecía seguridad de sostenerse indefinidamente y, menos, la que tomó el Gobierno al comprometerse a reemplazarla. 

La compra de Ametex se basó en presupuestos falsos, como un flujo continuo de grandes ganancias por nuestras exportaciones y tratos mercantiles con socios ideológicos igualmente prósperos. Pasa lo mismo con la nueva promesa de pagar la deuda por esa compra y mantener fuentes de trabajo mediante fabricación exprés, a pedido. 

Por lo tanto, para el balance y toma de decisiones que verdaderamente resuelvan los problemas debe ponerse sobre la mesa la obligación de que la deuda contraída por una empresa quebrada e inviable sea pagada por los que tomaron la decisión de comprarla.

La oportunidad de abrir una negociación indispensable para que el Gobierno deje de disponer irresponsablemente de nuestras reservas de divisas y continúe adquiriendo deuda externa, para dedicarla, en buena parte, a inversiones que responden a las necesidades y cálculos partidistas, se está clausurando con acuerdos que atienden, precariamente, las necesidades de un reducido grupo que corre el riesgo de volver a su situación actual en breve. Es indispensable rectificar ese curso y crear el espacio en que pueda priorizarse y definirse las inversiones que fortalezcan nuestra producción, manteniendo y creando nuevos empleos dignos.

El rescate de la autonomía de la representación de los trabajadores debe expresarse en hacer cuestionamientos y propuestas que obliguen a que las autoridades dejen de orientar mezquinamente el gasto de nuestros recursos, tras el ilegítimo e injustificable objetivo de fortalecer su campaña de abrir la puerta a una nueva oportunidad para ser reelegidos.

Roger Cortez Hurtado es investigador y director del Instituto Alternativo.
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