En riesgo de extinción

Lo urgente, lo importante, lo indispensable

martes, 05 de diciembre de 2017 · 00:07

La marea de votos blancos y nulos representa a una compacta mayoría ciudadana que expresa sin complejos, con plena autonomía, su repudio a la reiteración de una mala comedia y al régimen que la ha montado para controlar y concentrar el poder. Negar su carácter político es tan falso como suponer que pueda considerarse base de votantes de alguna de las fuerzas opositoras.


 Estos resultados, aunados al oficialista desconocimiento de la Constitución, confinan al Gobierno boliviano al grupo compuesto por Ortega y Maduro y, dos años antes de las elecciones nacionales, exhiben como el MAS, a fuerza de manipular y tratar de imponer su candidatura la está reduciendo a andrajos. 


 La vigorosa expresión ciudadana del domingo 3 de diciembre precisa de respuestas que incentiven una creciente participación, sin la cual no será posible alcanzarlas.


 Porque esta elección ha sido tan antidemocrática, que ignora y desprecia la voz de dos terceras partes del electorado, es tan urgente como importante asumir el compromiso de que ningún candidato, a cualquier puesto electivo, sea proclamado ganador, ni menos ejerza el cargo si los votos que obtiene son menores a la suma de nulos y blancos: desde el cargo más modesto a la representación más encumbrada.


 El ejercicio democrático más elemental y el respeto a la voluntad soberana impone esta regla que tacha automáticamente por falta de rotunda  legitimidad a las nuevas marionetas que se aprestan a sustituir a las que, investidas hace seis años, se despiden  con el acto más ilegal, ilegítimo y antidemocrático que es haberse arrogado una posición por encima de la Constitución. 


 La arrogancia de los gobernantes al celebrar el aberrante fallo del 28 de noviembre no esconde el espanto que experimentan  ante la cuestión planteada por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, cuando ha señalado la necesidad de que el TCP se pronuncie sobre la obligatoriedad de cumplir el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016. 


 La sentencia del TCP ha violentado a la Constitución, pero no tiene forma, legal y legítima de anular  el referendo; es por ello que el oficialismo intenta sepultar esta cuestión, que permite atisbar que medios de difusión y especialistas se apresuraron en interpretar que el fallo abría automática e irreversiblemente  las puertas a la inscripción de la candidatura de Morales Ayma.


 Por simple principio de primacía de la soberanía popular y el consecuente deber de bloquear disposiciones que la desconozcan, cualquier magistrado -incluyendo los del TSE- puede y debe apegarse a la primacía que impone la voluntad popular soberana, sin otro requisito, ceremonia o derecho que el que otorga su juramento de hacer respetar la Carta Magna y las leyes. 


 Esta tarea tiene prioridad absoluta y entraña la obligación de establecer que los actos de lesa Constitución y que deliberadamente agreden y desconocen la soberanía popular deben ser sancionados con la pérdida del derecho a ejercer cargos públicos.


 La reparación de daños y la prevención de nuevas acciones contra la libertad, la soberanía popular, y los atropellos cometidos contra la Constitución son pasos imprescindibles, pero no sustituyen a las tareas de fondo que hoy bloquea la acción antidemocrática, vertical y autoritaria del régimen. 


 Desde un inicio, la recuperación de la libertad,  el pleno ejercicio de los derechos y libertades, la irrestricta vigencia de la Constitución y el respeto de la soberanía popular, requiere acompañarse de una propuesta programática que supere la mediocre plataforma de ajustes fiscales, reformas propatronales y librecambistas que caracteriza a las demandas de los principales partidos opositores.


 El reto planteado en época de cambio climático, inminencia de desastres ambientales y escasez de fuentes de vida (oxígeno, agua, biodiversidad)  consiste en superar la ruta desarrollista, de colonización y destrucción que ensayamos, con variantes estatistas y liberales, desde el plan Bohan, para construir una economía y un futuro que rescate las fuentes de vida (trivial y equivocadamente llamados recursos renovables), la creatividad, el conocimiento y la innovación como bases de la transformación. 


 No basta impugnar la reelección perpetua, sino su programa de endeudamiento, devastación y dependencia.


 Si quienes tratan de representar la resistencia al régimen reducen sus acciones y propuestas, únicamente a restablecer la vigencia de la formalidad legal, los resultados, a la larga, serán tanto o más frustrantes que los que nos deja la autodenominada revolución cultural democrática.

Roger Cortez es director del Instituto Alternativo.

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