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En riesgo de extinción

Mate de coca

Mate de coca
El debate para aprobar la ley de la coca nos ha vuelto a probar que uno de los mayores fracasos de la reforma de Estado consiste no digamos ya en la reiterada falta de independencia del Legislativo, sino en la ausencia de personalidad propia. La pobreza de conocimientos y argumentos, principalmente de oficialistas, es propia de un régimen verticalista, prebendal y clientelista.

Once años después de mantener su predominio, se advierte que la bancada del MAS no ha aprendido a investigar y se limita a ejecutar las instrucciones del Ejecutivo, a abusar de su mayoría extraordinaria y de la impotencia de la contraparte. Debía y podía dejar claro, dentro y fuera del Parlamento, que entre los tres principales productores de hoja de coca, Bolivia cuenta con el mejor registro y desempeño, en el período 1980-2016. Esta información no puede ser asumida por la población porque la ley se impuso sin mayor debate ni explicación, salvo la triste argumentación de que "siete de cada 10” consumiríamos unas 30.000 toneladas anuales de coca, digamos, en mates.

En ese plazo, Colombia -hoy el productor número uno-, donde  existían 30.000 hectáreas, en 1980, llegó a las 188 mil  en 2016 (según la Oficina de Política para el Control de Drogas de Estados Unidos), mientras que nuestro país, con 50.000 en 1980, llegó a 35.000 (20.400, según Naciones Unidas); Perú habría ido de 110 mil hectáreas a 40.300.

La diferencia entre   Bolivia y Colombia es que la erradicación practicada en Colombia se ha hecho con recursos brutales, como fumigaciones con productos altamente dañinos, masivas expulsiones de población y el sostenimiento de niveles de violencia enormes. 

Ahora, el comportamiento más estable y eficaz observado en nuestro país (cosa que el Gobierno de Estados Unidos omite sistemáticamente) ha sido bastante uniforme, a través de todos los gobiernos del último cuarto de siglo y no es mérito especial de ninguno. El descenso abrupto de superficie que se observó durante los años 1999 a 2002, con un rebrote igualmente agresivo a continuación, demostró que los supuestos "grandes éxitos” suelen ser espejismos que terminan en recaídas, excepcionalmente peligrosas.

El panorama andino de la superficie de los cultivos es, sin embargo, engañosamente favorable para nuestro país, en sentido que los 11 años de vigencia de un gobierno con tan alto ascendiente y aceptación entre los cocaleros tendría que haber avanzado hacia la meta estratégica de reducir área y mantener estable una superficie estrictamente necesaria para el consumo interno legal y legítimo que, según las mejores fuentes disponibles de información, difícilmente superaría la mitad del planteamiento gubernamental, que no se ampara en ninguna base científica sencillamente porque el Gobierno no la quiere.

La ley de la coca no incrementa realmente la superficie existente real, pero legaliza una importante cantidad de producción excedentaria.

El fracaso oficial  consistente en carecer de una estrategia nacional (no corporativa) y ampararse en la manipulación de datos nos afecta a todos. La estrategia y la política de la coca son un asunto a considerar y pactarse entre todos los actores y sujetos -de ninguna manera, exclusivamente entre Gobierno y cocaleros-, incluyendo todos sus aspectos. 

Uno de los más importantes es la existencia de una masa considerable de productores, cerca de 145 mil  (cerca de medio millón de personas, en términos de componentes de familia) si cada productor efectivamente mantuviese un solo qato, cosa altamente improbable. Las críticas contra la ley y las alternativas comunes que se ofrecen no suelen tomar en cuenta esta situación y menos todavía la del círculo ampliado de agentes económicos que giran alrededor de la economía de la coca (no me estoy refiriendo aquí a los empresarios productores y exportadores de cocaína).

El verdadero problema consiste en reducir no sólo el área, sino la cantidad de familias dependientes del monocultivo, creando y manteniendo alternativas económicas y sociales sostenibles de largo alcance. La nueva ley nos aleja de esta meta, fomentando las condiciones para que en su próxima edición sea más permisiva y promotora de crecientes brechas, y contradicciones entre los productores y los demás componentes de nuestra sociedad.

Roger Cortez Hurado es director del Instituto Alternativo.
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