En riesgo de extinción

El TIPNIS, la agenda 2025 y la nacionalización de la coca

El TIPNIS, la agenda 2025 y la nacionalización de la coca
Roger Cortez Hurtado
martes, 15 de agosto de 2017 · 12:00:00 a.m.
La nueva ley sobre el TIPNIS (Ley 266) es parte sustancial de la llamada agenda 2025 o, más presuntuosa y manipulativamente, agenda patriótica, que es la justificación para que el actual Presidente siga candidateando indefinidamente, con la idea de que este programa sería la ruta para "progresar” y "desarrollarnos”. Además de inconstitucional, al abolir de facto la consulta para cada intervención concreta representa una estrategia de derrota y empobrecimiento del país.

 Esa estrategia, que no obedece a la expansión ilimitada de cocales ni depende de imposiciones externas, incluye la colonización acelerada de bosques para ampliar el mercado de tierras, mediante la expansión continua de la frontera agrícola, avasallando la selva, las fuentes, reservorios y áreas de recarga hídrica, los territorios indígenas y parques nacionales y la biodiversidad. 

Incluye la construcción de megarrepresas, sin importar que degraden letalmente nuestras cuencas y el conjunto de nuestro sistema hidrográfico; restringe el uso de energías alternativas, así como alienta una atolondrada búsqueda de hidrocarburos y refuerza la exportación de materias primas e importación de bienes de capital y consumo.

Los beneficiarios principales de este programa son la cúpula del MAS, de las organizaciones corporativas que sustentan al Gobierno, la burguesía burocrática de Estado que prospera a su sombra y el capital que domina la banca, y los agronegocios.

Inicialmente, la agenda 2025 se apoyaba en el supuesto de que los extraordinarios ingresos provenientes del ciclo de superprecios de las materias primas y la nacionalización de hidrocarburos alcanzarían para financiar la aceleración del desarrollo capitalista convencional, pero la finalización de la racha de precios extraordinarios inclina el programa para la reelección hacia la ampliación máxima, y si fuera posible sin límite, del endeudamiento externo.

Prometieron divisas, desarrollo y diversificación pero su agenda 2025 significa deuda, devastación, y dependencia económica y política.

El avasallamiento y colonización del TIPNIS (mediante ley) o del bosque de los chimanes (por decreto) conduce a extinguir nuestras reservas naturales a través de una contrarreforma agraria y lesiona las bases de una nueva economía que permitiría superar el  patrón  de acumulación que venimos probando desde nuestra fundación. El oxígeno que producen y renuevan nuestros bosques, el agua que capturan y preservan, la biodiversidad que acogen, y las culturas de nuestros pueblos indígenas son bienes cada vez más escasos y cada vez más necesarios para nosotros, el continente y el planeta.

No son un estorbo y una imposición imperialista, como proclama el Vice, que promociona una vieja receta capitalista, que abomina de palabra, pero que alimenta en su práctica diaria un neocapitalismo cuya única novedad es maldecir al capitalismo en las ceremonias, para impulsarlo en la vida diaria, su versión más primitiva, usando para ello al Estado y la hipercentralización, y concentración de poder.

A contramano de la ideología oficial,  el agua, el oxígeno, la biodiversidad, las culturas de nuestros pueblos y la pluralidad cultural, económica, democrática son bienes escasos que debemos proteger y convertir  en la base de una verdaderamente renovada economía, de nuestra democracia y de nuestra convivencia. 

Por eso se debe nacionalizar (o plurinacionalizar) la política de colonización del territorio, que no debe permanecer en manos de un grupo de burócratas que la usan como herramienta clientelar destinada a satisfacer egoísmos grupales (corporativos). Lo mismo aplica a  la expansión de cultivos de coca, porque  afecta a nuestra seguridad nacional y soberanía, al hacernos vulnerables a sanciones y presiones  internacionales, así como afecta nuestra seguridad interna, debido a que acuna e impulsa la corrupción política y social, la violencia y la incertidumbre colectiva.

Por todo ello, las decisiones que empujan a la colonización y devastación de nuestros recursos colectivos, la destrucción del medioambiente, el avance continuo de las deudas interna y externa, o la construcción de megarrepresas u otras obras que comprometen nuestro futuro,  no deben ser monopolizadas, sin control ni contraparte, por quienes controlan al Estado y sus inmediatos socios.
 
 La participación y control social, establecidos en nuestra CPE, obligan a que las políticas públicas que nos afectan colectivamente deban acordarse en una instancia en la que participemos todos los involucrados, superando la imposición y exclusión que caracterizan a una gestión gubernamental decidida a eternizarse.
 
Roger Cortez Hurtado es director del Instituto Alternativo.
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