En riesgo de extinción

Asalto armado para revocar la Constitución

Asalto armado para revocar la Constitución
Asalto armado para revocar la Constitución
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martes, 26 de septiembre de 2017 · 00:00
Una de las peores cosas que puede hacerse, sobre la demanda del MAS para habilitar la reelección perpetua, es tratar de neutralizarla mediante un erudito debate doctrinal jurídico, porque para que tal cosa tenga algún sentido, es indispensable que quienes han planteado el recurso  crean que su proposición tiene sentido y fundamento. Y no es así.

 Antes que nadie, los dirigentes del MAS saben que pedirle al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declare inconstitucional a la Constitución es una chanza macabra, no por sus resultados, que no serán graciosos de forma alguna, sino por el contenido y la consistencia del razonamiento que utilizan para "dejar en manos del TCP -como dice el presidente Morales Ayma- la tarea de descuartizar y burlar la Carta Magna, aprobada por casi 2/3 de los electores, y la decisión del soberano, el año pasado, que cerró la posibilidad de reforma constitucional para satisfacer el apetito de quienes nos gobiernan.

 Cuando un ministro afirma que el derecho a buscar la reelección perpetua de las autoridades elegidas queda por encima de los derechos humanos y la voluntad soberana, sabe que se está mofando del país, lo mismo que los presidentes de las cámaras, aunque no se dibuje ni  sombra de una sonrisa en sus labios. Esto es tan evidente que si la demanda masista ante el TCP fuese más abierta y sincera, tendría que incluir -de acuerdo a las declaraciones del Jefe de Estado- la anulación de la independencia de poderes, y la inclusión de la prohibición de independencia de clase y sindical, porque él cree que son una invención yanqui.

 Si el fallo se ajusta al antojo del MAS, lo cual es lo más probable, las  consecuencias serán  inolvidables, porque sentenciar que los gobernantes pueden presentarse como candidatos y reelegirse todas las veces que deseen, porque es parte de sus derechos fundamentales, que deben por lo tanto prevalecer encima de la CPE, da pie a  que los que guardan prisión por condena judicial exijan la preeminencia de su derecho humano a la libertad; o que un ciudadano norteamericano, ruso, o chino, exija que no se coarte su derecho a candidatear y ser elegido como máximo titular del poder en Bolivia.

 Desde luego también podrán demandarlo los niños (que poniéndose a pensar pudiese ser la verdadera y definitiva solución a nuestros problemas políticos), hoy sometidos a una discriminación y alienación de sus derechos. Con un TCP tan vulnerable y rehén ¿Por qué no proponen más directa y abiertamente una fórmula que permita a Morales Ayma reelegirse y gobernar de una vez hasta que cumpla un mínimo de 95 años?

 La demanda del MAS ante el TCP no  va por una enmienda constitucional, es una exigencia para revocar la Constitución boliviana. El sólo pedirle a los siete miembros del TCP que resuelvan ecuánimeme  e independientemente esta cuestión, cuando todos ellos están enjuiciados por los parlamentarios, que  les solicitan que actúen "apegados a la Constitución y las leyes”, sin tomar en cuenta que los peticionantes están en la posición y disposición de aplastarlos si no les dan razón en todo, supera todas las marcas de abuso del poder. 

Si el TCP no declara infundado el recurso oficial y se atreve a declarar inconstitucional una parte de la Constitución, arrogándose el derecho a modificarla, si ignora la sentencia emitida por el voto del 21 de febrero, la  CPE quedaría objetivamente adulterada y revocada mediante el uso de la fuerza y la coerción.

 Mientras los agentes del poder traman la revocación de la CPE, empeñándose en convertir los privilegios en presuntos derechos universales, desde abajo nos toca pugnar  con nuestra movilización, respaldada por la CPE, las leyes  y nuestros derechos democráticos, que no pasen de contrabando reformas que no son otra cosa que un atraco contra la Constitución. 

 Se requiere que a diario expliquemos y denunciemos la violencia encubierta que se despliega para tratar de negar el espíritu y la letra de nuestra Carta Magna y que con nuestra presencia en todos los espacios dejemos claro que el pueblo boliviano no entrega ni su libertad, ni su voluntad, por mucho poder que se despliegue para avasallarlas.

Roger Cortez  es director  del Instituto Alternativo.
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