En riesgo de extinción

Una pata de conejo de 48 millones

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martes, 03 de julio de 2018 · 00:12

Concordemos que ponerle buena cara al mal tiempo es una admirable virtud que, de paso, puede tener los efectos más beneficiosos sobre la salud de quien no se amilana por una mala racha. Cuando un amigo nos demostró, hace ya varios años, que era capaz de adoptar indoblegablemente esa actitud ante un duro revés, conquistó una cierta forma de admiración   de quienes   le hacíamos notar, con ironía, que la pata de conejo que guardaba sagradamente en el bolsillo, no lo había librado de las múltiples fracturas y heridas que exhibió ante nuestra mirada, una mañana en la que reapareció después de semanas de ausencia. “Si no la llevaba conmigo seguramente me habría matado”, nos contestó con total convicción.

Pero, cuando es el Procurador General del Estado quien apela a esa lógica, convocando casi a sentir agradecimiento ante el desenlace del accidentado proceso de arbitraje por el cual una empresa extranjera, con pésimos antecedentes –incluyendo falsificación de sus papeles y una subinversión enorme respecto a sus planes oficiales– obtuvo una compensación superior a los 300 millones de bolivianos (los 43 millones de dólares más penalidades adicionales definidas en el laudo de CIADI), podemos sentir muchas cosas, menos empatía, hacia un Gobierno que a través de su vocero oficial nos invita a la resignación… o a la gratitud.

Como parte de una, también, muy accidentada argumentación desarrollada por el Procurador, en la entrevista concedida al matutino paceño Página Siete, publicada el domingo 1 de julio, el alto funcionario afirma que si bien la defensa pudo haber cometido algún error en los más de 10 años del proceso, pagar los casi 48 millones de dólares no sería tan malo como haber tenido que cancelar los “150 millones de dólares   (que los demandantes  pretendieron en algún momento) (porque)  si nosotros no defendíamos no iban a ser 48, tal vez iba a ser 100 millones  (sic)”.

Al insistir los periodistas que está documentado que en ciertos momentos del arbitraje se pudo zanjar el pleito pagando 27 o inclusive tres millones de dólares, el alto funcionario reflexiona: “Si hubiesen sido tres también hubiese sido considerado una derrota. Para el común de la gente cualquier laudo es visto como una derrota”.  Semejante expresión de fatalismo induce a pensar que la filosofía de la defensa llevada por los funcionarios del Gobiernos ha sido que si se va a perder, mejor hacerlo a gran escala, porque igual la censura social será inevitable.

 Esta línea de razonamiento complementa y armoniza a la del Vice que llama “un cuartito con su camita” al piso de 1.000 metros cuadrados dedicado al solaz del Presidente   y su autocongratulación porque la construcción del enorme palacio ahorraría alquileres al Estado, sin precisar, desde luego, cuáles son las entidades estatales que dejarán sus instalaciones alquiladas para trasladarse a la gratuita suntuosidad de la nueva construcción.

 Tratar de convencernos de que perder una millonada de dólares pagando a timadores o gastarla en construir un mamotreto consagrado a un individuo traducen una inquietante pérdida de sensibilidad ante el empacho de la sociedad frente a la incesante suma de evidencias de incapacidad, corrupción y cinismo.

 Si en cuanto se publicó la consolidación del fallo que carga sobre los hombros de cada ciudadana y ciudadano el pago de esa indemnización, posiblemente predominaba el fastidio ante la ineptitud oficial, el afán de echarle culpas a ajenos y la obstinación por diluir la importancia de graves fallas del equipo del actual Procurador y el exministro de Justicia alimentan intensamente la susceptibilidad sobre las causas de fondo que condujeron al fracaso.

La ejecución de obras públicas y transferencia sociales que ejecutó el régimen con el incremento de la renta petrolera, casi siempre en condiciones de opacidad y  déficit considerable de información al público, ya no sustentan la inmensa credibilidad con la que contó por años y, definitivamente no sirven más para cubrir errores, fallas y delitos, aunque se intente ocultarlos detrás de patitas de conejo.

 

Róger Cortez es director del Instituto Alternativo.

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