No tiene sentido que Adepcoca acuda a la CIDH, según Romero

El Ministro considera que la discusión no tiene relación con derechos humanos.
No tiene sentido que Adepcoca acuda a la CIDH, según Romero
El ministro de Gobierno ayer en conferencia de prensa. Foto:Sara Aliaga / Página Siete
martes, 14 de noviembre de 2017 · 12:00:00 a.m.
Página Siete  / La Paz

El Gobierno considera que la intención que tienen los cocaleros de los Yungas por acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para anular la Ley General de la Coca no tiene sentido, pues este organismo trata vulneraciones a los "derechos humanos” y no así el uso de la tierra y cultivos.

"El anuncio de apelar ante un organismo internacional se cae por su propio peso porque no es la CIDH quien podría pronunciarse sobre un tema que no forma parte de la declaración de derechos humanos. De tal modo que las declaraciones de estos dirigentes cocaleros son desafortunadas”, manifestó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

 Estas declaraciones surgen después de que la semana pasada se conociera el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declaró "constitucionales” los artículos de la Ley 906 observados por la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). Estos artículos reconocen los cultivos en las áreas de producción con registro y catastro (no tradicionales). La mayor parte de éstas se encuentran en el trópico cochabambino, donde ahora se puede cultivar hasta  7.700 hectáreas.

Los cocaleros de los Yungas no aceptan esta situación, ya que en el pasado, con la Ley 1008, sólo se reconocían sus cultivos (que sí son tradicionales) hasta 12.000 hectáreas. Ahora se elevó esa cifra a 14.300 hectáreas, pero para sus compañeros del trópico prácticamente se incrementaron por ley las 7.700  antes mencionadas.

  Ante el fallo del TCP que trunca las esperanzas de Adepcoca por anular la Ley 906, esta asociación  presentará primero un recurso de reposición para que se revise el fallo y se emita uno nuevo. Si el tribunal ratifica su primera sentencia acudirán a la CIDH, pues consideran que sus derechos son vulnerados, ya que el Gobierno supuestamente favorece a un sector (el Chapare) cuyo principal líder es el presidente del Estado, Evo Morales.

 "Más del 90% de la coca que se produce en el trópico se destina al mercado ilícito, ¿quién consume esa coca? En cambio, la que se produce en los Yungas de La Paz  es para el acullicu, para el consumo de la población, ¿por qué entonces el Gobierno incrementa a 7.300 los cultivos en el Chapare?” cuestionó anteriormente el presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez.  

El ministro Romero recordó que a principios de este año, antes de que se promulgara la ley, se dialogó con representantes de los Yungas, quienes firmaron un acuerdo aceptando las 14.300 hectáreas para La Paz y las 7.700 para Cochabamba. "Lo que ahora pretende hacer Gutiérrez es romper su compromiso, borrar con el codo lo que firmó después de varias horas de diálogo”, acotó la autoridad.