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Agencias de empleo operan de forma ilegal y sin control

La Ley General del Trabajo prohíbe las agencias pero la Ley de Lucha Contra la Trata y Tráfico establece que el Ministerio de Trabajo debe reglamentarlas.

Agencias de empleo operan de forma  ilegal y sin control

Las agencias exhiben requerimientos de trabajo y cobran por los enganches Foto: Álvaro Valero /Página Siete

Leny Chuquimia /  La Paz
 
Prohibidas por la Ley General del Trabajo, las agencias de empleo funcionan de forma ilegal y sin control en diferentes zonas de La Paz. El trabajo doméstico es el principal  rubro en el que operan. Su regulación no avanza debido a una contradicción de normas. 
 
"Uno de los grandes problemas para la vulneración de los derechos laborales -sobre todo para las trabajadoras del hogar-  son las agencias de empleo. Estos establecimientos incluso emiten contratos que muchas veces hemos tenido que conseguir por medio de órdenes judiciales. No hay quien las regule aunque están prohibidas por la Ley General del Trabajo”, señala el asesor jurídico de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia (Fenatrahob), Rodrigo Maidana.  
 
En su Artículo 31 la Ley General del Trabajo prohíbe el "enganche” realizado por entes privados. Asigna la labor de manera exclusiva al Estado que, por medio de sus unidades  o bolsas de  empleo, debe brindar ese servicio de forma gratuita.
 
El Artículo 2 del Decreto Supremo 521, del 26 de mayo de 2010, señala: "Son consideradas Infracciones de Leyes Sociales reclutar y proporcionar fuerza de trabajo, sea manual, intelectual o mixta, con o sin fines de lucro mediante las figuras de subcontratación, tercerización, enganche y externalización o cualquier forma que no cumpla con la normativa sociolaboral”.
 
Sin embargo, las agencias de empleo doméstico o temporal proliferan en determinadas zonas de La Paz. Abiertamente o disimuladas entre oficinas comerciales o de bienes raíces ofrecen empleos para trabajadoras del hogar, niñeras, choferes, cocineras o meseras. Las fuentes de trabajo están en la sede de Gobierno o en el interior del país.
 
En La Paz, la avenida Buenos Aires, la Garita de Lima, el cruce de Villa Copacabana, Villa Fátima o la zona Sur; y en El Alto la Ceja, la zona 12 de Octubre o la Ballivián  son sectores donde  operan las agencia de empleo. En paneles exponen los requerimientos laborales a cuyas referencias el interesado puede acceder si paga cinco bolivianos. Ese monto que le da opción a obtener  información  similar  si  la plaza ya no estuviera vacante.
 
En  páginas web se promocionan al menos 10 agencias dedicadas exclusivamente a trabajadoras y trabajadores del hogar. Ofrecen personal capacitado para la limpieza, cuidado de niños o adultos mayores, jardineros y otras tareas. Todos -aseguran- con garantías y con  contrato elaborado por el establecimiento.   
 
"En ese caso es el empleador el que paga una comisión a las agencias; por lo tanto, no velan por los trabajadores sino por los intereses de quienes las solventan. En varias denuncias de maltrato o de indemnizaciones se han negado a darnos información o una copia del contrato que ellos  elaboraron”, manifestó Maidana.   
 
La regulación
 
Además de operar en la ilegalidad,  estas agencias han sido identificadas como uno de los factores de riesgo para la trata y tráfico de personas. Por ese motivo,  se pide su regulación a través  del Ministerio de Trabajo.   
 
"Hay una contradicción normativa. Por un lado estos establecimientos están prohibidos por la Ley General del Trabajo, pero la  Ley de Lucha Contra la Trata y Tráfico establece que el Ministerio de Trabajo debe reglamentarlos y regularlos”, dijo.
 
Entendiendo que una reglamentación puede significar la legalización de las agencias mediadoras,   la COB y Fenatrahob    rechazan esa disposición. El jurista recordó que en 2015, el Gobierno y la COB firmaron  un  acta  en la que acordaron eliminar las agencias de empleo.
 
La directora  de Trabajo y Seguridad Ocupacional y Bienestar del Ministerio de Trabajo,  Evelyn Viscarra, aclaró que esa cartera no autoriza el  funcionamiento de ningún establecimiento de esa naturaleza. 
 
"El Ministerio no autoriza ningún tipo de agencia. Son empresas, tiendas o centros comerciales que, en inspecciones, hemos verificado que incumplen la norma. Ninguna agencia de empleo es legal, incluso hay detenidos”, explicó.
 
Riesgo de trata
 
 
En enero, un operativo  identificó una agencia de empleo en la zona Sur que hizo el enganche a menores de edad para trasladarlos a una  localidad rural. La propietaria de la oficina fue detenida con medidas cautelares. "Reitero: ninguna agencia está autorizada”, dijo Viscarra.
 
Debido a que están camufladas entre oficinas de bienes raíces u otras actividades,  no se puede establecer el número de agencias  que operan en el departamento. Sin embargo,  muchas ya fueron  identificadas. 
 
"Se ha hecho  un trabajo coordinado con la Policía y el Gobierno para dar con ellas pues incluso puede haber  trata y tráfico de personas.  No podemos dar datos porque estamos en etapa investigativa.  Pero ante cualquier denuncia podemos empezar un proceso  contra estas agencias”, afirmó la autoridad.
 
Las  normas 
  • Ley del Trabajo "El contrato de enganche es el que tiene por objeto la contratación de trabajadores, por terceros, para faenas que generalmente deben cumplirse lejos de su residencia habitual. Sólo el Estado podrá en lo sucesivo actuar como intermediario entre patronos y trabajadores, organizando servicios gratuitos de enganche” (Artículo 31). 
  • Decreto 521 "El  decreto supremo tiene por objeto establecer la prohibición de toda forma de evasión a la normativa laboral, sea mediante fraude, simulación o cualquier otro medio que se produzca como consecuencia de las modalidades de subcontratación, tercerización, externalización, enganche u otras modalidades en tareas propias y permanentes del giro del establecimiento laboral”  (Artículo 1).
  • Trata y tráfico "El  Ministerio  de Trabajo,  Empleo  y  Previsión  Social  mediante  reglamentación específica determinará   los   requisitos  para  su   funcionamiento, derechos,  obligaciones,   inspecciones, prohibiciones  y  sanciones    para  prevenir  la Trata  y  Tráfico    y  delitos conexos” (Artículo  25).
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